La Nación redobla la presión para que Santa Fe adhiera a la ley de ART
Funcionarios nacionales y referentes del sector asegurador promovieron la adhesión a la norma. Críticas desde el Observatorio del Trabajo. El titular de la Superintendencia de Seguros y los referentes de Adira se reunieron con empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Autor: Por Sandra Cicaré La Capital - 13/07/2018
El titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Juan Pazo, volvió a meter presión para que Santa Fe adhiera a la ley de ART, una demanda que asumió hace pocos días el propio presidente Mauricio Macri desde Carcarañá. "No encuentro fundamentos técnicos para la no adhesión", disparó el funcionario al cuestionar la resistencia santafesina a sumarse a una iniciativa que hasta ahora cosechó adhesiones de sólo 12 provincias. Y fue más allá: "Realmente creemos que para los trabajadores esto es un avance enorme".
Pazo se reunió en Rosario con la junta directiva de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira) y luego mantuvieron juntos un encuentro con empresarios en la Bolsa de Comercio local. La mayoría de las aseguradoras presentes son las propietarias de las cuatro ART que concentran el 73 por ciento de los trabajadores cubiertos por el sistema en Santa Fe.
El encuentro sirvió para que el funcionario promocionara la nueva ley de ART, tanto a los empresarios liderados por el titular de la Bolsa, Alberto Padoán, como a representantes gremiales, ya que estuvo presente el titular del Sindicato Unidos Portuario Argentino (Supa), César Aybar. Replicando una operación de venta de seguros, el superintendente "vendió" la filosofía de la norma.
Hizo una férrea defensa de la iniciativa, y las aseguradoras avalaron su argumentación en busca de que el sector empresario ejerza presión sobre el sector político santafesino. "La adhesión a la ley de ART genera una mayor competitividad de una provincia", dijo Pazo, y comparó el caso de Santa Fe con la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Dijo que en ambos distritos los juicios llegaban a alrededor de 6,5 puntos cada mil trabajadores en el primer trimestre de 2017. En la actualidad, señaló, en Caba bajó a 2,5 puntos y Santa Fe "sigue en 5 puntos". Aseguró que la industria del juicio involucra "entre 35 mil a 40 mil millones de pesos" en todo el país.
Esa afirmación fue suscripta por el titular de Adira y CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón, quien dijo que la consecuencia es "la pérdida de puestos laborales y mayor inseguridad jurídica".
Pazo también reveló que la provincia tiene el nivel más alto en materia de alícuotas que pagan las empresas a las ART, un 25 por ciento por encima del resto del país (4,3 por ciento contra 3,2 por ciento). "A su vez, Santa Fe está rodeada de provincias que adhirieron, como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos o Caba, y por eso tiene un costo laboral más alto y es más baja la posibilidad de que las empresas se instalen aquí", azuzó. Los empresarios que los escucharon vienen demandando por esta iniciativa, aunque coincidieron con el gobierno provincial en el pedido para que se creen más comisiones médicas. Actualmente sólo funciona una en Rosario.
"Córdoba firmó la adhesión a la ley ad referendum de la creación de las mismas", recordaron. Y aunque Pazo reconoció que fue así, dejó en claro que el gobierno nacional solo habilitará eso si Santa Fe, previamente, se suma a la iniciativa.
Polémica
La nueva ley de ART y el reclamo de la adhesión provincial despierta polémicas. Jorge Kohen, vicepresidente del Observatorio de Salud de los Trabajadores y docente de la carrera de Medicina del Trabajo de la UNR, cuestionó el argumento de la alta siniestralidad con la que se pretende empujar a Santa Fe a adherirse a la norma. Precisó que "sólo el 16 por ciento de los trabajadores que se accidentan recurre alguna vez a la Justicia y menos del 2 por ciento de los casi 10 millones de trabajadores afiliados al sistema de ART hizo alguna vez un juicio".
Por otra parte, arremetió contra el argumento del incremento de las alícuotas que pagan las empresas a las ART por estar en una provincia a la que se le pone el mote de la alta litigiosidad. "La ley 26.773 sancionada en 2012 establece claramente que las alícuotas se fijan en base a la siniestralidad de cada empresa, no por sector y menos por región, con lo cual lo que hacen las ART cartelizadas cobrando un plus por litigiosidad es ilegal y contra la ética", dijo Kohen, quien consideró que en muchas oportunidades los empresarios "desconocen" sus derechos y "subutilizan lo que por ley las ART les deben brindar". Citó como ejemplo los exámenes médicos periódicos o los planes de políticas preventivas.
"La que regula las alícuotas es la Superintendencia y las que la establecen son las ART, que están cartelizadas y cobran entre 10 y 15 por ciento de un plus por litigiosidad, que es ilegal", agregó Kohen.
El especialista recordó que la norma es rechazada por la mayoría de los legisladores santafesinos. Y la consideró una "punta de lanza de la reforma laboral".
