Brasil merece respeto.
El expresidente brasilero Luiz Inacio Lula da Silva tiene todo el derecho a defender su punto de vista, tanto en Brasil como en el extranjero, sobre el proceso legal que se lleva a cabo en su contra. Ese proceso condujo a su arresto y encarcelamiento, después de que en enero de este año un tribunal federal de apelaciones ratificara su condena por corrupción y lavado de dinero.
Autor: Fernando Henrique Cardoso PARA LA NACION. - 23/08/2018
La forma en que Lula da Silva ha elegido defenderse ante el mundo, sin embargo, debe ser cuestionada. En un artículo publicado hace poco, Lula presentó una versión de la historia reciente de Brasil que no se condice en absoluto con la realidad. Eso sería un grave problema para los historiadores, si Lula no fuera el influyente líder político que efectivamente es.
El expresidente describe a Brasil como una democracia en ruinas, donde el Estado de Derecho ha dejado paso a medidas arbitrarias pergeñadas para debilitarlo a él y a su partido. Eso no es verdad. Tampoco es verdad su afirmación de que antes de asumir la presidencia, en 2003, Brasil era un país a la deriva. Basta recordar la exitosa estabilización de la economía, tras años de hiperinflación, que se inició con el Plan Real lanzado por el presidente Itamar Franco y que continuó durante mi gobierno. Ese período también estuvo marcado por la implementación de programas de seguridad social que luego Lula ampliaría.
En su particular versión de las últimas décadas de la historia brasileña, por momentos Lula da Silva aparece como el salvador del pueblo y por momentos, como víctima de una conspiración de las "elites". Sin proponérselo, esa versión se presta a la deslegitimación del esfuerzo colectivo de los brasileños para sentar los cimientos de la democracia.
El juicio político y destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 no fue, contrariamente a lo que afirma Lula, un golpe de Estado. Fue el resultado, entre otras cosas, de su violación de la ley de responsabilidad fiscal de Brasil en vísperas de las elecciones presidenciales de 2014. El proceso de juicio político cumplió con todos los requerimientos constitucionales bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal, integrado mayoritariamente por jueces designados por Lula da Silva y por Rousseff.
Mis críticas no responden a antagonismos personales. Lula da Silva y yo luchamos juntos contra el régimen autoritario que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Más tarde, cuando nos enfrentamos en elecciones democráticas, seguí manteniendo relaciones constructivas con él.
Lamento que el expresidente enfrente otros cargos por corrupción y lavado de dinero. Pero lo cierto es que la causa judicial que lo involucra cumplió con todos los requisitos del debido proceso y se ha llevado adelante según la Constitución y el Estado de Derecho.
El de Lula no es un caso aislado. En Brasil hay políticos de todos los partidos que están actualmente en la cárcel, y muchas de esas condenas fueron ratificadas por los tribunales de apelación. Entre esos políticos hay también algunos de mi propio partido, el Partido de la Social Democracia Brasileña.
El precedente del encarcelamiento después de una condena ratificada por un tribunal de apelaciones emana de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia que es muy anterior a la condena de Lula. Los condenados empiezan a cumplir su pena sin que eso afecte su derecho a apelar ante tribunales de alzada.
Más aún, la inelegibilidad de Lula da Silva para ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones es consecuencia de una iniciativa popular que reunió más de un millón de firmas, fue luego aprobada por el Congreso y promulgada por el propio expresidente en 2010. La así llamada ley de ficha limpia, fruto de una campaña de la sociedad civil contra la corrupción, prohíbe que cualquier condenado por una corte de apelaciones pueda postularse para cargos electivos.
La iniciativa popular que terminó en ley fue una reacción directa ante el escándalo de compra de votos conocido como el Mensalão, que quedó expuesto en 2005. El desmantelamiento de ese esquema de corrupción no impidió que otro aún más grande penetrara en algunas de las más grandes empresas controladas por el Estado, especialmente Petrobras. La investigación de este escándalo, conocido como Lava Jato, dejó al descubierto un esquema de desvío de miles de millones de dólares hacia el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula da Silva.
Brasil está atravesando un proceso doloroso pero necesario de regeneración moral de su vida pública, y las acciones de la oficina del procurador federal y de la rama judicial son parte de ese proceso. No siempre estoy de acuerdo con la longitud de las condenas o con la ampliación de la prisión "preventiva", cuando el acusado es encarcelado incluso antes de que haya condena de primera instancia.
Sin embargo, decir que en Brasil hay una campaña direccionada para perseguir a individuos específicos es una grave distorsión de la realidad. Mi país merece más respeto.
El autor fue presidente de Brasil en el período 1995-2002
