La fijaci贸n de retenciones debe pasar por el Congreso.

Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociaci髇 Argentina de Biocombustibles e Hidr骻eno

Es lo que establece la Constituci贸n Nacional, argumenta un contador, experto en legislaci贸n sobre regulaciones agroindustriales. Los derechos de exportaci贸n impactar谩n fuerte en rubros que agregan valor, como el biodi茅sel.

Autor: Claudio Molina Especial para Clar铆n Rural - 08/09/2018


Las retenciones son recursos de la Naci贸n, no coparticipables de acuerdo a lo establecido por el art铆culo 4 de la Constituci贸n Nacional. El art铆culo 17 y el 75, inciso 1, de la Constituci贸n Nacional indican que es facultad del Congreso establecer los derechos de exportaci贸n.

Del mismo modo, el art铆culo 99, inciso 3, de nuestra Carta Magna proh铆be la emisi贸n de Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU- para el caso de reformas pol铆ticas, tributarias y penales.

Los poderes delegados a favor del Poder Ejecutivo por el C贸digo Aduanero est谩n ca铆dos desde 2009, m谩s all谩 que el Ejecutivo en forma recurrente haya usado este instrumento. Por ende, la fijaci贸n de retenciones debe pasar por el Congreso.

En el mientras tanto, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de fijar un d贸lar comercial -que por otra parte evita el descalce entre el d贸lar que se recibe al cobrar expo y el que se paga al comprar materias primas e insumos-. En paralelo, el Poder Ejecutivo puede enviar un proyecto de ley para tratamiento urgente al Congreso. La Carta Magna est谩 para cumplirse.

El Poder Ejecutivo lo justifica citando que esa facultad para establecer retenciones por decreto, deriva del Digesto Jur铆dico Argentino, Ley 26.939, que declar贸 vigente la Ley 22.415, C贸digo Aduanero, norma que en su art铆culo 755 faculta al Poder Ejecutivo a establecer derechos de exportaci贸n.

Sin embargo, el art铆culo 2 de la Ley 26.939 establece: Decl谩rense vigentes las normas incorporadas al anexo I, "Leyes nacionales de car谩cter general vigentes", que integra la presente ley. En dicho anexo se encuentra la Ley 22.415, C贸digo Aduanero.

No se puede soslayar el hecho que dicho digesto fue un excelente trabajo de recopilaci贸n sobre las leyes que al momento de su sanci贸n estaban vigentes en Argentina, entre una enorme cantidad sancionada a lo largo del tiempo. Pero a la fecha de sanci贸n del mismo -ocurrida en 2014-, nadie pon铆a en dudas que estaba vigente la Ley 22.415.

Ello no da lugar a interpretar -como impl铆citamente lo realiza el P.E. en los considerandos del Decreto 793/18 publicado el pasado 4 de setiembre- que el Digesto haya cambiado ni el contenido ni los plazos de vigencia de disposiciones como las establecidas por el art铆culo 755 de la referida Ley 22.415, que s铆 tiene un plazo temporal de vigencia, por la aplicaci贸n de una norma constitucional vigente desde 1994, esta es la cl谩usula transitoria octava. No es que la Ley 22.415 hab铆a perdido su vigencia en 1994 y por lo tanto quedaba fuera del alcance de lo previsto en esa cl谩usula.

Recordemos que esa cl谩usula estableci贸 que toda la legislaci贸n delegada previamente, y que no ten铆a plazo de vencimiento, ca铆a a los cinco a帽os -plazo que se cumpl铆a a partir de 1999, excepto en los casos que el Congreso las ratificara expresamente por una nueva ley-. Sin embargo el plazo de vigencia para el art铆culo 755 de la C.N. se fue renovando sucesivamente por leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y finalmente, a trav茅s de la Ley 26.519, sancionada en 2009, que tuvo vigencia hasta el 23 de agosto de 2010 inclusive.

Si dej谩ramos todo esto de lado, realizando una interpretaci贸n forzada para tratar de justificar los fundamentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo, en su af谩n de defender la creaci贸n de retenciones por decreto, y nos concentramos en lo establecido por el art铆culo 76 de la Constituci贸n Nacional, que establece: "Se proh铆be la delegaci贸n legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administraci贸n o de emergencia p煤blica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegaci贸n que el Congreso establezca", podemos comprobar que no se cumple en el art铆culo 755 la condici贸n de establecer un plazo fijado para su ejercicio, por lo que el Poder Ejecutivo no tiene facultad alguna para prorrogar indefinidamente la vigencia de lo establecido en dicho art铆culo.

Por todo lo expuesto, las facultades delegadas en el art铆culo 755 de la Ley 22.415 no est谩n vigentes, por m谩s que dicha ley en general s铆 lo est茅 y queda claro que el Poder Ejecutivo excedi贸 con la emisi贸n del decreto 793/18 antes citado y que nos trata, sus facultades constitucionales. Adem谩s, el Poder Ejecutivo soslay贸 el fallo de la Corte Suprema de la Naci贸n, en la causa Camaronera Patag贸nica, que entre otras cuestiones no menos importantes, deja muy en claro que los derechos de exportaci贸n, como todo tributo debe emanar de una ley establecida por el Congreso de la Naci贸n.

Es recomendable tener en cuenta siempre para estos casos, lo establecido en los art铆culo 17, 75 punto 1., 76 y 99 punto 3. de la Constituci贸n Nacional -aunque el Decreto 793/18 no fue emitido como Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU-, como as铆 tambi茅n el antes citado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n.

Ser铆a muy importante que se produzcan presentaciones judiciales relativas a esta violaci贸n de la C.N. y nuevamente se exprese la CSJN en tal sentido, para que no se siga dejando a un lado los preceptos constitucionales, evitando que cualquier gobernante de turno aplique el conocido lema "el fin -o este caso, la urgencia y el bien a defender, justifica los medios".

Cuando la Constituci贸n Nacional se viola una vez, puede ser violada en otras ocasiones y un d铆a nos encontraremos que derechos esenciales nuestros, no ser谩n respetados. 驴Y la Rep煤blica d贸nde est谩?...

Nota de redacci贸n: el autor es director ejecutivo de la Asociaci贸n Argentina de Biocombustibles e Hidr贸geno.

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