La exportación de granos está paralizada.
Ante un escenario internacional abrumadoramente favorable en relación a los términos de intercambio actualmente ofrecidos para la exportación de alimentos, la República Argentina está dejando pasar una oportunidad histórica.
Autor: ARTURO NAVARRO - 12/08/2008
Parte de ello implica asumir con responsabilidad el complejo proceso de toma de decisiones concerniente a los impuestos a la exportación. Sin olvidar por supuesto, la obvia ausencia de seguridad jurídica, así como también las consecuencias que las resoluciones implementadas por el ONCCA han producido.
Pretender que con esas políticas no sólo va a mejorar la oferta de alimentos al interior del mercado interno, sino que también va a bajar el precio de los mismos en forma permanente es una utopía. ¿Qué más hace falta para que el Gobierno se de cuenta que la única forma de solucionar la escasez de alimentos es aumentando la producción?
El punto central de la cuestión se remite a la posibilidad de cuantificar cuánto ha perdido el país por lo ocurrido en los últimos 150 días. Al no poder aprovechar los altos precios de Chicago para colocar las 25 millones de toneladas de soja que están en manos de los productores, el país dejó de ganar 3.700 millones de dólares al bajar la soja US$ 150 /TN. De la misma forma, por las 8 millones de toneladas de maíz no comercializadas, el país perdió 850 millones de dólares en ingresos al bajar éste US$ 105 /TN.
Estas cifras surgen de los máximos precios históricos en Chicago, tanto en soja como en maíz, durante la duración del reclamo del sector agropecuario. El máximo para soja (contrato Nov08) se registró el 3 de julio, a US$ 600,70/TN. Asimismo, el máximo del maíz (contrato Dic08) se produjo unos días antes cuando marcó US$ 313,40/TN. Al 10 de marzo estos valores eran de US$ 477,60/TN y US$ 228/TN, respectivamente. Las subas, entonces, fueron del 26% y del 37,5%.
Hoy la situación ha cambiado drásticamente. A los valores de Chicago del 6 de agosto y en base a los mismos contratos, el maíz ha bajado su cotización internacional un 34% (US$ 105 /TN), así como la soja un 25% (US$ 150 /TN). Esta misma cuenta podría hacerse también con respecto al trigo. En este caso no sólo es posible aducir los mismos motivos que para la soja y el maíz, sino también las consecuencias que para la producción implicó el hecho de tener el mercado cerrado por más de un año. Consecuentemente, el país dejó de recibir más de 2.000 millones de dólares que hubiera embolsado en concepto de su comercialización.
En total, lo sucedido en los últimos meses marca que la suma de los 3.700 millones de dólares de soja, los 850 millones de dólares de maíz y los 2.000 millones de dólares referidos a la comercialización del trigo suman un total de 6.500 millones dólares que dejaron de ingresar en el país, producto de las intervenciones del Gobierno
Estas políticas, sumadas a las constantes intervenciones en los mercados que el Gobierno aplicó con el fin de justificar sus manejos, dieron origen a una situación actual en la que las exportaciones de productos agropecuarios se encuentran casi paralizadas. Nadie puede trabajar a 45 días, y los productores se resisten a vender después de la baja de precios internacionales. El Gobierno necesita recordar y entender que siempre los mayores costos de las intervenciones y los cambios en las reglas de juego terminan siendo pagadas por los productores, quienes deben padecer el aumento de la prima de riesgo en el negocio.
En buena hora hay que celebrar la formación de una comisión investigadora, dispuesta por el Senado de la Nación con el fin de investigar todo lo ocurrido en el último tiempo en relación a la exportación de granos. A partir de ello, resulta deseable inferir que el Gobierno Nacional comprenda cómo es el funcionamiento de los mercados a futuro, la logística interna y externa en la comercialización de granos y sus derivados, y la importancia que tiene la fijación de los precios para los productores, especialmente para los más pequeños.
Creo que debe corregirse el estado de la situación actual del ONCCA, fundamentalmente, con respecto a la implementación del pago de impuestos por exportar en el momento de registrar la declaración. No obstante, aunque ésta sea una de las alternativas para trabajar, ello terminará cargando el costo financiero en el valor del grano cuando el productor decida vender. Además aumentará la concentración de los operadores en el comercio exterior, situación que tenemos que evitar para una mayor transparencia de los mercados. La otra alternativa sería que los productores más pequeños tengan que operar a solo 45 días como lo estipula la resolución 543, impidiendo tomar los mejores precios en los mercados a futuro y por consiguiente recibiendo un menor precio final.
La lógica diría que lo que hay que hacer antes de la próxima cosecha es poner una retención fija más baja, acorde a los precios de los granos y al aumento de precios de los insumos. En segundo término, debería volverse al funcionamiento normal de los mercados a futuro como la mejor solución para el aumento de la producción, lo cual actuaría tanto en beneficio del sector como del país. La meta principal sería ir reduciendo las retenciones de manera progresiva para finalmente reemplazarlas por el impuesto a las ganancias. Por otra parte, en el corto plazo la tarea debería consistir en debatir políticas de coyuntura que den lugar a la colocación de la actual cosecha.
