¿Hasta cuándo, señor Moreno?
La larga historia de intervenciones del Estado en la economía que registra la Argentina presenta pocos antecedentes comparables a las acciones que lleva adelante el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Sus intromisiones en los mercados, casi siempre reñidas con la ley, constituyen un claro síntoma del deterioro de nuestra calidad institucional, desde el momento en que la voluntad del que manda parece estar por encima de las normas.
Autor: EDITORIAL - 03/10/2007
Particularmente grave resulta que ese nivel de intervencionismo esté a menudo acompañado por la prepotencia, las amenazas y los agravios. Se trata de un estilo que Moreno ya cultivaba antes de ser designado en su cargo actual, cuando se desempeñaba en el área de Comunicaciones, y que de ninguna manera es ajeno al propio presidente de la Nación.
El carácter del "zar" de los precios se puso de manifiesto en el sector ganadero, con el ataque al Mercado de Liniers, donde se impusieron arbitrarias clausuras, se limitaron las actividades de importantes firmas consignatarias y se impusieron precios sugeridos, bajo la amenaza de aplicar la derogada e inconstitucional ley de abastecimiento. El amedrentamiento fue acompañado por la distribución de listas informales de precios máximos. Como esos métodos resultaron inoperantes, se ensayaron otros instrumentos, como las licencias y cuotas de exportación de carnes. El episodio más grave tal vez haya sido la irrupción de Moreno en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que derivó en la renuncia de su titular, Marcelo Rossi, quien denunció al secretario por amenazas.
En el mercado de los combustibles las tropelías fueron similares. El congelamiento que se dispuso desde hace cuatro años derivó en castigos para las empresas que manifestaran algún tipo de resistencia a las intervenciones de la Secretaría. Es el caso de Shell, cuyos directivos fueron amenazados con la prisión. Estas tácticas no evitaron el periódico desabastecimiento de gasoil, a pesar de que se había prometido una lluvia de ese combustible.
El incremento del precio de frutas y hortalizas, favorecido por heladas generalizadas, llevó a Moreno al Mercado Central. A partir de su intervención se produjeron escándalos, con denuncias de malos tratos físicos y un conflicto con la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador retiró al representante del distrito del directorio del organismo.
Después del fracaso de estos controles de precios, Moreno lideró la destrucción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se forzaron renuncias y se atemorizó a los técnicos del Instituto, que asiste a la degradación de su prestigio y credibilidad.
La consecuencia inmediata de esta estrategia es la malversación de todos los índices económicos: desde los precios hasta la pobreza, pasando por la actividad económica. El último episodio que da cuenta de estas malversaciones, más severas cuanto más cerca se está de los comicios, fue la sustitución del índice de precios elaborado por Mendoza para componer un cuadro estadístico menos desfavorable al oficialismo.
Toda la operación intervencionista de Moreno se realiza en un clima de ideas que se estimula desde lo más alto del poder y que la sociedad argentina pagará caro en el tiempo. Se trata de la expansión de una cultura que supone que la iniciativa privada es de por sí sospechosa, que la sabiduría de los funcionarios iluminados puede reemplazar con ventaja los mecanismos de la competencia libre, que la rentabilidad empresaria debe ser un fenómeno consentido pero administrado por el Estado.
Estos supuestos fueron criticados hasta por corrientes que se identifican con el socialismo, como se puede advertir en España, Chile, Uruguay o Brasil. En la Argentina, estas expresiones de intervencionismo suenan más erróneas: el país asiste desde hace años a un desmantelamiento de su burocracia incluso allí donde ésta se haría más necesaria. Por eso el sueño de Moreno es patético ya que supone un intervencionismo sin Estado. Por eso debe recurrir a la delación y al amedrentamiento.
La falta de respeto por las instituciones se manifiesta muchas veces también en el ámbito empresarial, donde sorprendentemente se suele guardar un silencio cómplice frente a los atropellos derivados del arbitrario poder del funcionario kirchnerista.
Recientemente, el secretario de Comercio Interior se ha propuesto perseguir a los responsables de los bancos por un supuesto complot para subir las tasas de interés. Una idea absurda, desde el momento en que los tipos de interés son el resultado de las expectativas del mercado y de la acción del Banco Central. Sin embargo, el silencio ha sido también la respuesta de las entidades bancarias ante tan disparatadas acciones.
Moreno está siendo objeto de acciones judiciales propiciadas por el fiscal Carlos Stornelli, el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. También piden su juzgamiento miembros del Congreso y distintas personalidades políticas. Se lo acusa de abuso de poder e intimidación pública, de violación del secreto estadístico y otros excesos de grave perjuicio para la Nación, empresas y personas.
Las autoridades y los candidatos del oficialismo callan ante el escándalo, mientras paradójicamente no se cansan de pregonar "un país en serio".
