Violación de una propiedad privada en Corrientes
El gobierno nacional tiene que definir con hechos concretos si realmente quiere mayores inversiones para apuntalar el importante crecimiento de la economía: ésta es una de las medidas fundamentales para crear fuentes de trabajo genuinas en todos los sectores y regiones del país
Autor: ARTURO NAVARRO - 08/08/2006
La semana pasada, funcionarios del gobierno nacional --con diferentes estilos y conceptos-- intentaron por todos los medios transmitir a la sociedad en general que iban a fomentar todas las inversiones que necesita el país.
Lamentablemente, la actitud de un funcionario de la Nación echó por tierra en 24 horas esos compromisos. Toda la dirigencia del país tiene la obligación de analizar en todo su alcance las consecuencias que este hecho acarrea al funcionamiento de las instituciones de la República. Concretamente: la participación en un acto ilícito en un campo en la provincia de Corrientes del subsecretario de Tierras para Hábitat Social de la Nación, Luis D' Elía, en el cual violó la propiedad privada del señor Douglas Tompkins, con el acompañamiento de diputados y medios de prensa que premeditadamente estaban invitados para difundir el delito que iba a cometer el funcionario.
Pero lo más grave de este ilícito que protagonizó un funcionario público --en una sociedad que quiere vivir y trabajar en libertad-- es que el gobierno nacional aprobó con su silencio la actitud del funcionario y, por lo tanto, está aceptando la actitud de presionar como una metodología de trabajo a la hora de implementar políticas. No es casualidad que este funcionario esté preparando un proyecto de ley de expropiación de ese campo. No debemos olvidar que el gobierno nacional premió a D'Elía --después de tomar y destrozar una comisaría-- con el puesto público que hoy ocupa. Que la sociedad no se sorprenda luego si aceptamos en silencio vivir en esta anomia, que siempre culmina en anarquía cuando no existen los límites que determinan un estado de derecho.
Para darnos cuenta adónde estamos yendo con estas políticas, debe servirnos de ejemplo lo que ocurrió con los piqueteros que presionaban a las empresas, los cortes de rutas internacionales en Entre Ríos, los trastornos que producen los piqueteros en la ciudad, las presiones que tienen que soportar los empresarios de los funcionarios públicos y la grave falta de seguridad individual que está viviendo la sociedad en su conjunto todos los días. Todas estas situaciones y otras más son consecuencia de políticas electoralistas en las gestiones de gobierno, situación que la sociedad en general no está dispuesta a soportar mucho tiempo más: la paciencia de los ciudadanos que deciden trabajar por el país, en libertad y seguridad, se está colmando.
Todos estos ejemplos demuestran la falencia actual de un Estado que no cumple con las funciones indelegables y que con su actitud permisiva --aprobando la presión de grupos minúsculos-- agrava la situación y va en contra del reclamo generalizado de la sociedad: el gobierno olvida que es a ésta a quien realmente tiene que escuchar y atender para que el país pueda tener un crecimiento sostenido.
Ante la situación que vive el país en cuanto a la seguridad jurídica e individual, no corresponde detenerse a analizar los motivos que llevaron a D'Elía a cometer este ilícito. Los argumentos que esgrime para este nuevo atropello radican en la nacionalidad del propietario de las 300.000 hectáreas, en que hay una gran reserva de agua, en que cortaron la servidumbre de paso y algún otro motivo más. Aceptar esta metodología de presión es claudicar en un sistema republicano de gobierno en el cual funciona la división de poderes. Lo que hay que dejar bien en claro es que cualquier reclamo hay que hacerlo mediante las formas establecidas y no avasallando la propiedad privada como hizo Luis D'Elía, quien, dicho sea de paso, ha incumplido con sus responsabilidades como funcionario público.
Para mandar un mensaje concreto y alentador al inversor, es necesario que el gobierno nacional haga pública su posición sobre este grave hecho y diga qué decisión va a adoptar con dicho funcionario. El inversor debe saber si el presidente actúa en función del derecho --como juró al asumir-- o si va a convalidar este tipo de actitudes de funcionarios o particulares en el futuro. Las inversiones que necesita el país, ya sean nacionales o extrajeras, dependerán del funcionamiento pleno de las instituciones de la República. A esta altura y con estos hechos, ya no alcanzan los discursos de funcionarios para atraer las inversiones: necesitamos hechos concretos del gobierno nacional, no gestos meramente discursivos.
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Arturo Navarro fue presidente de Carbap y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
