Responsabilidad de la dirigencia empresaria
El debate político generado por el envío al Congreso de dos proyectos del Poder Ejecutivo muy preocupantes para el funcionamiento de una república y la pretensión de sacarlos sin ninguna modificación, aprovechando las mayorías automáticas que tiene en ambas cámaras, debería ser suficiente motivo para un cambio urgente de la actitud de los empresarios y de la dirigencia en general, si queremos contribuir a una salida exitosa de la actual gestión.
Autor: ARTURO NAVARRO - 07/07/2006
Es una necesidad impostergable como dirigentes expresar públicamente lo que en privado se manifiesta sobre el funcionamiento del gobierno y el panorama que se está previendo para el país, si no hay un cambio de 180 grados en la forma de establecer las políticas de Estado con un consenso amplio y plural. Ha llegado la hora de que la dirigencia nacional delegue la discusión de los temas sectoriales y empiece a proponer un proyecto nacional que incluya a todas las regiones y a todos los argentinos.
Es fundamental que el gobierno cambie su actitud en la gestión, porque con amenazas, aprietes, patoterismo y en base al miedo es muy difícil poder construir algo exitoso en forma permanente. No confundamos los mensajes de las encuestas: esa mayoría analiza solamente la situación actual y no pueden prever la situación en el mediano y largo plazo.
No se puede seguir escondiendo la verdadera realidad de lo que está ocurriendo en la economía con los controles de precios, la distorsión de las tarifas y la falta de inversiones acordes al crecimiento actual de nuestra economía. El gobierno tiene muchas otras prioridades en su gestión antes que estar analizando los costos de las empresas.
El envío de la polémica reglamentación del control parlamentario de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y del proyecto que permite al jefe de Gabinete reasignar partidas presupuestarias en forma permanente sin ningún control del Parlamento son dos hechos muy graves que la dirigencia en general no puede dejar pasar en silencio, si no se quiere ser corresponsable de las consecuencias que provocarán en el funcionamiento institucional del país.
Al atacar al único sector que todavía se mantiene crítico y que tiene la mejor imagen pública, como es una parte del periodismo independiente, el presidente y la primera dama han buscado distraer y evitar así el debate sobre estas leyes, porque saben que están en contra de los intereses de todos los argentinos. Saben que cuentan con la anuencia del bloque oficialista y de muchos opositores que están pensando en las elecciones del año que viene.
Con las atribuciones que le dan estos proyectos de ley al gobierno, tengan la seguridad de que no van a quedar opositores, porque el Poder Ejecutivo Nacional, a cambio de aportes en provincias y municipio afines, va a presionar para poner a todos sus candidatos en la mayor cantidad de cargos posible.
En los momentos difíciles de la década del 80 y del 90, en que me tocó ejercer la presidencia de Carbap y de CRA, respectivamente, dejé los temas sectoriales de lado y nos pusimos con otras entidades a defender primero los temas generales del país. No hay ninguna posibilidad de éxito sectorial permanente si no hay antes un proyecto de Nación previsible en el tiempo para todo el conjunto del país.
Ante la consulta de los extranjeros sobre cuál es el motivo de los permanentes fracasos de este extraordinario país, debería explicarles con mucha simpleza que el problema principal es que casi la mayoría del empresariado y su dirigencia tienen la tentación de ser oficialistas y de depender de las decisiones del gobierno de turno. Después no saben cómo cambiar de actitud.
También hay que explicarles que el otro problema es que tenemos legisladores y funcionarios que defienden políticas totalmente antagónicas según quién sea el presidente de Nación.
Es de esperar un cambio de actitud de la dirigencia en general. Si realmente se quiere un país con un crecimiento sostenido y previsible, salgan a defender un proyecto de gobierno nacional, que esté sostenido por el funcionamiento pleno de las instituciones de una república.
