Crecimiento del Seguro Agricola
El crecimiento del seguro agrícola fue muy importante en los últimos años. Los trabajos realizados por las empresas de seguros y proveedores de insumos y servicios, permitieron que casi el 40% del área sembrada se encuentre cubierta con pólizas de granizo y sus adicionales. Ese porcentaje se traduce en 11 millones de hectáreas sembradas que han sido aseguradas.
Autor: NESTOR ABATIDAGA - 12/12/2005
Gradualmente, los productores agropecuarios, fueron tomando conciencia de la importancia que reviste trasladar el impacto de los riesgos climáticos y económicos sobre sus cultivos al sistema asegurador. Han advertido también que la garantía de sus rindes a través del seguro, les permite mantener indemne su capacidad de reinversión e inalterable su efecto económico y multiplicador.
El desafío a futuro consiste en generalizar esa conciencia, para superar la meta del 40% de las áreas cubiertas y elevarla al 60% en los años venideros, brindando el mismo servicio a los pequeños productores y a aquellos que vuelcan sus esfuerzos en zonas de mayor riesgo.
En un país agrícola-ganadero como el nuestro, el potencial de los seguros agropecuarios es significativamente relevante, pero su desarrollo está condicionado a una activa participación del estado a través de medidas que promuevan la inserción de estas coberturas.
Ello requiere de la voluntad política del Estado Nacional y de los distintos Estados Provinciales para avanzar en la creación de un sistema de aseguramiento para riesgos agrícolas, consensuado con los representantes del sector rural, las aseguradoras y reaseguradoras que operan en el país.
En la Argentina no existe un marco normativo de cobertura pública y privada que le brinde al productor agropecuario la posibilidad de recomponer su capacidad productiva ante emergencias climáticas, siendo nuestro país uno de los de mayor riesgo en el mundo debido a su elevada variabilidad climática.-
En el sector público, ante emergencias de este tipo, las medidas tienden a prorrogar el pago de impuestos y/o al refinanciamiento de créditos en bancos oficiales a través de la declaración de emergencia o desastre agropecuario.-
Lejos de convertirse en soluciones reales para el sector, ponen de manifiesto las falencias de nuestro país en este aspecto.
Por una parte se mantiene la brecha entre las disponibilidades presupuestarias del Estado ante una declaración de emergencia agropecuaria y las necesidades de los productores afectados por este tipo de adversidades ya que las primeras resultan insuficientes frente a fenómenos climáticos de gran magnitud.-
Por otra parte, la refinanciación de pasivos en la banca oficial trae aparejado un incremento de la deuda de los productores una vez concluida la emergencia, a raíz de que los intereses se siguen devengando (aunque a tasa subsidiada por el Estado) durante el plazo en el cual no está obligado a pagar deuda.
Por último, implica también una inmovilización de cartera crediticia por parte de la banca.
Ante esta situación es necesario replantear los mecanismos existentes tendiendo a crear un sistema de seguros climáticos, apoyado en compañías solventes y dispositivos claros y confiables.
El sector asegurador debe ofrecer coberturas de seguro que le den estabilidad al sistema productivo agropecuario, garantizando el recupero de la inversión básica realizada en los cultivos por parte de los productores, en aquellos casos en que los rindes hubieran sido afectados por factores climáticos y biológicos fuera de su control.-
En esa tónica se deben contemplar pautas claras, simples, sin cambios ni ambigüedades, que le permitan al asegurado conocer bajo qué circunstancias y hasta qué punto le cubrirá la póliza.-
Estas pautas deben ser coordinadas con la función del Estado Nacional y los Estados Privinciales, quienes deberían implementar las modificaciones necesarias a la Ley de Emergencia Agropecuaria a los efectos de establecer que solo van a estar encuadrados dentro de la misma, aquellos productores que hayan sido previsores y contraten una cobertura de seguro para sus cultivos.
De manera conjunta el Estado y los sectores involucrados deben evaluar la necesidad de conceder subsidios directos o indirectos a las primas y/o a los gastos de administración y adquisición preestablecidos a los efectos de abaratar el costo para el productor agropecuario.-
Del mismo modo, a los efectos de prever las consecuencias de catástrofes climáticas que superen los sistemas de seguros vigentes, se deberán evaluar los costos de reaseguros internacionales ofrecidos o en su defecto la constitución de reservas que figuren dentro del Presupuesto Nacional.-
Bajo estas pautas se podrán establecer políticas de producción agropecuaria en función al mapa de riesgos que se desarrolle para la toma de cobertura para el sector asegurador y líneas de créditos otorgadas por instituciones financieras nacionales, provinciales o privadas, las que podrán reducir sus tasas de interés, considerando la eliminación del riesgo de recupero en función de la presentación de un certificado de cobertura otorgado por aseguradoras autorizadas.-
Esperemos que los respectivos gobiernos asuman el papel que les compete para alcanzar el objetivo de cubrir el mayor porcentaje de superficie productiva, implementando la normativa adecuada, reduciendo el apetito fiscal y otorgando los subsidios necesarios a los productores agropecuarios para la contratación de una cobertura que a la postre, evitará asumir el impacto que en la economía nacional provocan las catástrofes climáticas.
