El secreto peor guardado

Sin los subsidios estatales, el boleto promedio de los colectivos en la Capital Federal (hoy en $ 3,10) costaría $ 10,20 (229% más); en las líneas suburbanas de corta distancia pasaría de $ 3,31 a $ 11,25 (239%) y en las de media distancia de $ 11,85 a $ 31,05 (162% de aumento).

Autor: Por Néstor O. Scibona | LA NACION - 03/05/2015



Estos datos, provenientes de fuentes oficiales, revelan la magnitud que alcanzaron los subsidios al transporte público de pasajeros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para cubrir la diferencia entre el costo del servicio y las tarifas que pagan los usuarios. En el caso de los colectivos, demandaron en 2014 casi 31.000 millones de pesos (equivalentes a unos 3800 millones de dólares), que podrían elevarse este año a $ 43.300 millones (40% más), según como cierren las paritarias del sector.

Esta última cifra, a su vez, supera en 2,6 veces a la que se proyecta en 2015 para el transporte ferroviario de pasajeros ($ 16.200 millones), únicamente para cubrir sus gastos de personal y operativos (o sea, sin incluir casi otro tanto en inversiones para reequipamiento y renovación de la red). De hecho, sólo el año pasado las transferencias corrientes para atender esos gastos en los ferrocarriles resultaron superiores a la inversión que demandó la compra al contado de los flamantes trenes chinos para las líneas suburbanas (unos 1300 millones de dólares).

Los subsidios son una de las cuestiones que alimentan el déficit fiscal y la emisión, y, por ende, más inflación
Aunque el Ministerio del Interior y Transporte prefiere denominarlos "compensaciones tarifarias", los subsidios se destinan en buena medida al pago de salarios: las proporciones varían entre 65% y 75% para los trabajadores ferroviarios y entre 40% y 60% para los colectiveros de las distintas líneas. De ahí que no resultó extraño que dirigentes de La Fraternidad (cuyos afiliados están alcanzados por el impuesto a las ganancias) y de la UTA (afectados en apenas 3%) se entrevistaran días atrás con Mauricio Macri, luego de gestionar sin éxito una audiencia con Cristina Kirchner. No es la primera vez, ni será la última, que los sindicalistas jueguen a dos puntas.

Más llamativo es que el maquinista Omar Maturano fuera el encargado de sostener tras el encuentro la necesidad de ajustar el boleto mínimo de los ferrocarriles suburbanos (hoy en $ 2) y escandalizara a los funcionarios kirchneristas ante el silencio del precandidato presidencial. Y que el titular de la UTA anunciara que estaría dispuesto a apoyarlo.

En realidad, es un secreto a voces que los presidenciables que encabezan las encuestas tienen en la mira el recorte de subsidios y el consiguiente ajuste de tarifas como la vía más directa para achicar el exceso de gasto público dentro de cualquier plan para bajar la inflación. Sobre todo, después de que Cristina Kirchner ya le endosó el problema al próximo gobierno: durante este año electoral no habrá cambios en subsidios ni tarifas y mucho menos en el AMBA, donde se concentra el mayor número de votantes.

SE ALIMENTA LA INFLACIÓN

Así y todo, los subsidios al transporte automotor, ferroviario y aéreo, que la consultora abeceb.com estima en $ 67.000 millones para 2015 (1,3% del PBI), representan poco más de la cuarta parte del total junto con los destinados a la energía, calculados en nada menos que $ 189.000 millones (3,8% del PBI). Esta suma de $ 256.000 millones (5,1% del PBI) constituye el segundo rubro en importancia dentro del gasto primario del sector público nacional, detrás del pago de jubilaciones y pensiones. Una cifra impresionante que no guarda relación con el beneficio a los usuarios: con la inflación de dos dígitos anuales que persiste desde 2006, lo que se ahorran en tarifas lo gastan con creces en otros productos y servicios privados que no dejan de aumentar. Lo mismo que el monto total de los subsidios, transformados en una bola de nieve que agranda el gasto público, el déficit fiscal y la emisión para financiarlo, en un círculo vicioso que realimenta la inflación.

Para los presidenciables esta herencia significa un dilema: la reducción de subsidios es el blanco ideal para achicar el gasto, pero su impacto sobre las tarifas no será fácil de aceptar para buena parte de la sociedad que, al cabo de 12 años, los considera un virtual derecho adquirido.

Es, claramente, un tema "piantavotos". Por eso ninguno quiere mencionarlo públicamente. Y sus asesores económicos prefieren definirlo como un "rebalanceo", mientras parecen inclinarse por una estrategia gradualista, que afectará principalmente a la clase media del la ciudad de Buenos Aires y el conurbano no alcanzada por las quitas selectivas (por barrios) de los últimos años. En todos los casos, prevén además una tarifa social para proteger a los sectores de menores ingresos; y, en algunos, con subsidios de suma fija orientados puntualmente a los usuarios, como los que el gobierno de Cristina Kirchner ahora ensaya con la "garrafa social" de gas licuado.

En el caso de los colectivos y trenes, la tarjeta SUBE podría ser un instrumento eficaz para aplicar tarifas sociales segmentadas a quienes realmente las necesitan. No es así: hay 13 millones de tarjetas emitidas, pero sólo 3,5 millones contienen los datos de sus titulares, tras la improvisación que rodeó en su momento a los operativos de entrega. Y un reempadronamiento no será nada sencillo.

Una prueba es que el Gobierno lanzó el plan "SUBeneficio" para que pueda ser utilizada además como tarjeta de descuento (10%) para compras en supermercados y comercios minoristas. Claro que este uso tiene sus propias limitaciones: en muchos casos, adquirir una camisa o un jean con esa rebaja, requerirá una recarga previa por un monto superior al que cuesta viajar en un mes.

Más complicado aún será reordenar la estructura tarifaria de gas y electricidad. En un reciente seminario, el economista Carlos Melconian (asesor de Mauricio Macri) citó el caso de Chile, donde se aplican tarifas diferenciadas para el gas (más caras en invierno, más baratas en verano) y los consumidores tienen la opción de comprar metros cúbicos anticipadamente para bajar costos.

En cuanto a la electricidad, dos escenarios para 2016 elaborados por la consultora que dirige Dante Sica indican que si se sincerara en 50% el precio de la energía eléctrica mayorista y el del gas natural, los subsidios bajarían el equivalente a 1,2 puntos de PBI y a 2,6 si fuera total. Pero ello implicaría que en el AMBA una tarifa eléctrica de $ 67 bimestrales con subsidio se elevara a $ 450 en el primer caso y a $ 900 en el segundo..