Los costos laborales jaquean a empresas y hunden el empleo formal.

La competitividad industrial argentina pelea contra la presión fiscal, el ausentismo, la industria del juicio y el sistema de riesgos de trabajo. Inclusión social, empleo digno y empresas sustentables. Que los trabajadores no paguen de nuevo el costo. Urgencias y temas pendientes
Autor: Ariel Maciel en Diario Bae - 24/06/2016
Emplear en Argentina genera un costo adicional de hasta un 80% por encima del acuerdo salarial: la cuenta pone en la suma a cargas sociales, impuestos y seguro ART, entre otros. La plantilla de trabajadores de una fábrica promedio registra un ausentismo por encima del 12%, elevado índice al 3% de comparación mundial. Y un juicio laboral provoca el congelamiento de la tasa de empleados por años, si es que ese establecimiento logra sobrevivir a todos esos gastos improductivos.
El empresario local paga por cada trabajador más del doble de lo que invierte un par suyo en Brasil, y un 160% más que un mexicano, según las últimas estimaciones. El cálculo, medido en dólares, muestra que en diciembre del año pasado, en Argentina el sector privado con empleados en blanco debe aportar todos los meses u$s17,6 por cada trabajador, mientras que del otro lado de la frontera es de apenas 8 dólares.
En pymes de mano de obra intensiva, para que un obrero reciba en mano $10.000 el dueño de la fábrica tiene que destinar $18.000 mensuales. Esa ecuación es constante siempre que no haya accidentes que bajen la producción individual, y generen demandas laborales que activen la aceitada maquinaria de la industria del juicio.
En el medio, la cuota pactada por trabajador para el pago de ART creció desde 1997 hasta el 2014 un 3.097%, los empleos industriales tocaron un pico de crecimiento por encima del 1.250.000, con una baja de siniestralidad en fábricas récord de 71 accidentes por cada 1.000 durante 2015, aunque sin un correlato en la baja de la litigiosidad, que aumentó en el sector manufacturero más que en cualquier otro rubro. Estos datos surgen del CEU de la UIA, en base a información de la Superintendencia del Trabajo.
Los empresarios consultados por BAE Negocios advirtieron que antes de la trágica consecuencia para la competitividad de los productos argentinos, excluidos de gran parte del mercado mundial, habrá un fuerte impacto en el trabajo registrado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, "los países con mayores costos salariales y no salariales (relativos a su productividad) presentan una menor proporción de trabajos formales".
De acuerdo con el BID, el 39% de la variación de las tasas de formalidad se explica por cambios en los costos relativos a la productividad del país. "Según esta simple estimación, por cada 10% de incremento en los costos mínimos de contratar a un trabajador asalariado formal se reduce en 5 puntos el porcentaje de trabajadores formales", señaló el informe Empleos para Crecer editado en 2015.
En su discurso en la 105°; Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, el presidente de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, enfatizó que "más empleos formales significa también, fundamentalmente, más empresas formales", y destacó que "para ello hay que generar un entorno favorable para la creación de empresas en general e industrias en particular, para su funcionamiento sin trabas burocráticas ni pesadas cargas fiscales y para que la registración laboral sea simple y expeditiva".
Según datos que surgen de la Confederación General Empresaria (Cgera), en una pyme "típica" existe un costo laboral que oscila entre el 30 y el 50 por ciento. Un 30% se destina a la materia prima y el resto se reparte entre impuestos y servicios. En el medio de la caída de la actividad económica, con el hundimiento del consumo, los costos de las pymes subieron sin poder trasladar esas subas a los precios.
"Las pymes no tienen poder para trasladar a precio, como las cadenas grandes. Somos víctimas de los formadores de precio. Las grandes cadenas ya comenzaron a fin del año pasado con aumentos sin sentido", afirmó el presidente de los empresarios ópticos de Cadioa, Norberto Fermani.
Con paritarias en un promedio del 35% y una devaluación del 40% desde fin del año pasado, y con un "mercado chato", "más de una pyme está pensando si puede o no puede continuar" si no existe un "salvataje" del Estado. "Los costos laborales deberían estar, por lo menos descontados de Ganancias, en una situación de crisis como la que vivimos hoy", advirtieron desde Cgera.
Una estimación pone en números el peso que acarrea una empresa: para que un empleado se lleve $10.000 en el bolsillo, la empresa paga 7.000 u 8.000 pesos más. Por caso, en promedio se destina entre el 5% y 14% de la masa salarial para el pago de las ART. Esos costos fueron inicialmente menores y existía una abundante competencia, pero "con el tiempo fueron aumentando y además se convirtieron en un costo por un servicio que no existe", se quejaron los empresarios consultados.
Las distintas entidades reclamaron cambios en el sistema de riesgos de trabajo. "Un tema a contemplar en la ?Ley Pyme Industrial? es la reelaboración del Sistema de Riesgo del Trabajo (SRT), porque es inadmisible e insostenible que pymes industriales abonen mensualmente hasta un 14% de alícuota de ART. Esto, más la litigiosidad y el ausentismo representa más de un 20% de sobrecostos que afectan la competitividad de las pymes industriales", afirmó el empresario y referente de la Mesa de Industriales Bonaerenses, Daniel Rosato.