ART: el Gobierno redactó un decreto, pero ahora analiza sacar la reforma por ley
El objetivo es lograr consenso para frenar la litigiosidad que amenaza el régimen de riesgos del trabajo
Autor: Paula Urien La NACION - 07/09/2016
Por decreto... por ley... por decreto...por ley. Es el debate que se da actualmente en el seno del Gobierno en torno de las modificaciones necesarias para disminuir la litigiosidad que está ahogando a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Ya está escrito el proyecto de decreto de necesidad y urgencia (DNU) elaborado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (aunque se sigue revisando) y hasta hace unos días parecía inmimente, pero ahora también se está trabajando en un proyecto de ley para enviar al Congreso.
Las ART afirman que la situación actual es inviable. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), estas empresas cubren a 10 millones de trabajadores en accidentes y enfermedades profesionales. Hay alrededor de 1.500.000 empleadores asegurados, que pagan un promedio de 558 pesos por trabajador (un 3,31% de su salario).
Entre 2003 y 2016, la litigiosidad se multiplicó por cuarenta. La proyección para este año es que habrá 113.463 nuevos juicios (hasta el momento se registran 61.547 a un ritmo de 10.000 por mes), mientras que en 2003 hubo sólo 3012. Además existen 300.000 juicios acumulados a pesar de que se registra un 69% menos de fallecimientos. Solo en la ciudad de Buenos Aires, por cada 100 accidentes ocurridos se presentan 38 demandas.
Desde la cartera laboral confirmaron que hay en curso una negociación política. "No creo que el decreto salga ya, aunque la decisión de sacarlo está", comentaron. Como contraparte, desde la CGT, uno de sus voceros dijo a LA NACION que el decreto "no convence. Se está discutiendo fuerte, conversando el tema en una mesa chica [del Gobierno]".
"Hasta hace dos semanas había bastante acuerdo para ir con un DNU", agrega un referente de esa mesa chica. "A lo largo de esta semana la cosa habría cambiado un poco y se está evaluando ir por ley. Todavía no está definido." Fue uno de los temas tratados el viernes pasado en la reunión de la cartera laboral con la CGT unificada. Según informó LA NACION el 3 de este mes, "habrá una mesa de trabajo donde acercarán posiciones entre una iniciativa oficial y otra de Andrés Rodríguez (líder de UPCN).
El proyecto de decreto, al que accedió este diario, en su página 3, dice de manera explícita: "parece evidente que esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno... siendo adecuado recurrir al remedio constitucional".
El DNU habla de la necesidad de "corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas, impulsando una magnitud tal de reclamos en sede judicial, cuyo pasivo acumulado coloca en riesgo grave e inminente la viabilidad general del régimen y que por ende es imperioso preservarlo, arbitrando las urgentes medidas necesarias".
Según los últimos datos de la UART, las demandas por accidentes laborales en mayo último aumentaron un 7% respecto de mayo del año pasado. De sostenerse esta tendencia, el incremento de juicios proyectado para todo 2016 es del 14% respecto de 2015. Esta información proviene de la suma de las demandas ingresadas en 16 compañías, que representan el 97% del mercado en términos de trabajadores cubiertos.
"El proyecto de DNU parte de la base de que el sistema de riesgos del trabajo integra la Seguridad Social y establece, previa adhesión de las provincias y de la CABA, que la instancia administrativa es obligatoria y previa a cualquier reclamo judicial, incluso a la demanda civil", dice el especialista en Derecho del Trabajo, Ricardo Foglia.
"Este último aspecto constituye un avance importante para ordenar el sistema. A su vez, y en linea con la jurisprudencia, determina que las resoluciones administrativas son recurribles ante los tribunales del trabajo.
Otro aspecto relevante es que los peritos médicos que intervengan en las demandas dentro del sistema deben integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción y que sus honorarios son en función de la tarea realizada y no en base al monto del pleito. Una cuestión no menor es que limita lo que las ART pueden gastar en administración y cuestiones no prestacionales", continúa.
Historia de una debacle
El abogado Gustavo Gallo recuerda que "hasta 1915, los accidentes del trabajo no tenían cobertura. El accidentado debía procurar su cura en el hospital público como lo hacían y lo hacen actualmente los artesanos, administrativos y profesionales cuentapropistas. En ese año la ley 9688 siguió a la ley francesa de 1895, haciendo responsable al empleador de indemnizar de acuerdo a la incapacidad hasta un monto fijo"
El sistema cambió en 1996. "El empleador se desligaba de responsabilidad contratando un seguro tarifado, con una ART, que a poco andar la Corte declaró inconstitucional por marcar una diferencia con el accidentado fuera del ámbito laboral. En 2009 un decreto y en 2012 una ley intentaron disminuir la litigiosidad aumentado los montos y desalentando las demandas".
Gallo advierte que esto derivó en otro tipo de litigiosidad, "las abrumadoras demandas contra las ART, cuestionando los grados de incapacidad determinados".
Cambios que se están evaluando
Se propone que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales sean una instancia obligatoria en caso de accidente o enfermedad profesional. Se puede pedir una revisión en una Comisión Médica Central, pero no ir directamente a la Justicia
Invitar a las provincias a tener criterios en común
Los peritos deben integrar el cuerpo médico forense y no pueden tener honorarios variables de acuerdo con el monto obtenido en el juicio
Los empleados públicos provinciales y municipales deberán estar dentro del sistema de protección
