Inversiones a domicilio.
El acuerdo por Vaca Muerta es auspicioso, pero el Gobierno tiene por delante una ardua tarea para generalizar un mejor clima de inversión
Autor: Néstor O. Scibona LA NACION - 15/01/2017
Más que esperar la demorada "lluvia" de inversiones privadas, que incluso en condiciones ideales lleva tiempo entre anuncios y concreciones, Mauricio Macri optó por un sistema más directo de "riego" selectivo. El acuerdo para impulsar la inversión en Vaca Muerta es el primer paso de esta estrategia, consistente en remover trabas en cada uno de los eslabones de esa cadena para aumentar la productividad y trazar un horizonte más previsible.
Este trabajoso entendimiento se apoya en dos ejes. Uno es el cambio de régimen laboral sólo en los yacimientos no convencionales, acordado con el sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa para reducir rigideces y costos extra (fin de las horas "taxi", trabajo nocturno, más dotaciones con menos operarios por equipo). Otro, el mantenimiento del Plan Gas hasta fin de 2019, con un precio sostén decreciente para sustituir importaciones por gas "nuevo" a través de más inversiones, pozos y empleos. Este valor, que parte de los actuales US$ 7,5 por millón de BTU hasta llegar a US$ 6,5, se aplicará por proyecto (no por empresa como hasta ahora) y subsidiará la diferencia con el precio mayorista del gas. En los últimos dos años, este plan contribuyó a que la extracción total de gas creciera algo más de 7% (35% en Neuquén). A esto se suma el compromiso del gobierno neuquino de no aplicar nuevos impuestos -que también se extiende al gobierno nacional- y la construcción conjunta de obras de infraestructura para bajar costos logísticos.
Como contrapartida, incluye un compromiso escrito para la reducción gradual del precio sostén del crudo ("barril criollo"), que desde fin de 2014 -por un acuerdo tácito- está por encima del internacional y ubica a los precios de los combustibles entre los más altos de América latina. Sin embargo, no fue firmado por cuatro compañías productoras de crudo pesado que no cuentan con refinerías propias y seguirán negociando. Mientras se prevé para julio la convergencia del crudo liviano con la paridad de importación, las naftas y el gasoil tomarán como referencia los precios en dólares de fin de 2015. De ahí el aumento del 8% que rige desde la semana anterior y otro probablemente menor en abril, aunque dependerá de las cotizaciones del dólar y del petróleo. Lamentablemente, este esquema transitorio no contempla la reducción del impuesto a los combustibles, que representa más del 50% del precio en surtidor.
Con la combinación de un marco regulatorio para el gas natural y señales de mercado para el petróleo, la Casa Rosada espera este año movilizar inversiones por US$ 5000 millones en Vaca Muerta, donde YPF buscará nuevos socios internacionales. No descarta un acuerdo similar con Chubut, tras el gesto simbólico de eliminar las retenciones de 1% a la exportación de crudos pesados, de escaso impacto fiscal.
Otro caso de incentivos a medida de las enormes necesidades de inversión en infraestructura comenzó a concretarse este mes, con la firma de los contratos de la licitación internacional de energías renovables (eólica, solar y biomasa), un segmento relegado pese a su potencial. La ejecución de 59 proyectos en 17 provincias por un total de US$ 6500 millones permitirá instalar 2400 MW a un precio promedio de US$ 54/MWh; ampliar en 20% la capacidad total de generación y sustituir las importaciones de electricidad. Aun así, su efecto sobre el empleo no es comparable con el de los hidrocarburos; incluso, porque el componente nacional no supera el 23%.
Para los inversores locales y extranjeros hay varios anzuelos lanzados en 2014 por la ley que el Congreso sancionó por unanimidad. Los contratos con Cammesa (la operadora mayorista y única compradora) son en dólares y a 20 años de plazo. El precio tendrá eventualmente un factor de ajuste (de 1,71% anual acumulativo) y otro de incentivo para anticipar la entrada en servicio. Además, contemplan garantías del Fondo de Energía Renovable (Foder, con aval del Banco Mundial) por la compra de energía; por rescisión atribuible al comprador y de retroventa en caso del vendedor, así como un cupo de exenciones de aranceles e impuestos y devolución anticipada de IVA. Un trabajo del especialista Ricardo Molina destaca que si bien los precios de la primera de las dos rondas fueron ya mucho más bajos que los pocos adjudicados en la era K, superan a los de licitaciones adjudicadas recientemente en Perú (US$ 37,8 para energía eólica) y Chile (US$ 31,1 para eólica y US$ 29 para solar), o al promedio de México (US$ 33,4). En todos los casos sin subsidios y con compradores mayoristas privados, sin intervención del Estado. Molina calcula que si se ponderaran los gastos tributarios por beneficios impositivos, agregarían un promedio de US$ 42,5 por MWh.
Estos sobrecostos bien pueden atribuirse al "prontuario" argentino. Hasta fin de año rige la ley de emergencia económica, que en 2002 pesificó los contratos en dólares y luego el kirchnerismo llevó al extremo con el desmesurado retraso tarifario, que frenó inversiones hasta desembocar en el insostenible déficit energético. Pero también los ejecutivos locales de compañías extranjeras, que deben recomendar o decidir inversiones en otros sectores, no dejan de evaluar otro riesgo argentino: la sustentabilidad del déficit fiscal y del endeudamiento externo, que condiciona la estabilidad macroeconómica a mediano plazo. Máxime con elecciones legislativas por delante.
En los pasillos de la Casa Rosada afirman que Macri protagoniza otro giro: advierte que la prometida reforma tributaria integral no podría llevarse a cabo sin un sendero creíble de reducción del déficit fiscal. La base es evitar que el aumento del gasto supere al de la inflación, como propone el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. De ahí la decisión de congelar contratos de personal en la administración central y organismos descentralizados, una señal que abarca sólo una mínima parte del gasto estructural.
Mientras empuja obras públicas para reactivar la economía, el Gobierno deberá llegar a acuerdos para sumar las provincias a esta incierta cruzada de austeridad fiscal y bajar impuestos distorsivos (como Ingresos Brutos). Y revisar los múltiples sobrecostos que imponen tanto la burocracia estatal como los convenios laborales estacionados en los 70, cuando no había computadoras, Internet, smartphones y horarios flexibles. Ni mucho menos 32% de pobreza (era de 4%). El futuro es siempre un desafío, pero mucho mayor si se encara con hábitos y reglas del pasado.
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