Impostergable reforma del Consejo de la Magistratura.
Los muchos males que sufre el servicio de justicia requieren la urgente modificación del órgano encargado de la selección y remoción de jueces
Autor: Editorial de la Nacion - 01/02/2017
Con la excusa de hacer más eficiente el Poder Judicial, el gobierno kirchnerista modificó la ley del Consejo de la Magistratura en 2006, reduciendo el número de miembros, de 20 a 13, y también el de representantes del estamento político, de nueve a siete (tres senadores, tres diputados nacionales y un representante del Po der Ejecutivo). Sin embargo, este sector mantiene preeminencia respecto del de abogados, jueces y académicos, rompiendo así el sano equilibrio en su integración.
Recordemos que la Constitución fija que el Consejo de la Magistratura, administrador y organizador del Poder Judicial, es un órgano constitucional integrado multisectorialmente y encargado de confeccionar las ternas de candidatos a jueces nacionales y federales, para que luego sean designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Posee también facultades disciplinarias y de remoción de magistrados.
Como consecuencia de la reforma de 2006, en la última década el Poder Judicial sufrió un serio deterioro por su mayor politización y por los sistemáticos ataques del Poder Ejecutivo, que afectaron gravemente su independencia. Desde esta columna señalamos esos atropellos y destacamos la labor de los jueces y fiscales probos que resistían la ofensiva de los gobiernos kirchneristas, materializada con amenazas, denuncias penales, intentos de soborno e, incluso, a través de normas inconstitucionales como el paquete de leyes cínicamente llamadas "de democratización de la Justicia", que proponía la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
También tuvimos oportunidad de destacar cuán positivo resultó que, a fines de 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declarara la inconstitucionalidad de la referida ley que reformó el Consejo de la Magistratura desnaturalizándolo, reduciendo el número de sus miembros y poniendo de relieve el predominio del cuerpo político sobre los restantes estratos del organismo.
En su campaña electoral, el hoy presidente de la Nación se comprometió a modificar la integración del Consejo con el objeto de "despolitizar el Poder Judicial". Tras el cambio de gobierno, el Ministerio de Justicia hizo circular un proyecto en consulta entre las distintas instituciones de abogados, jueces y académicos, para que efectuaran sus aportes y críticas a la iniciativa, que posteriormente se giraría al Congreso y que formaba parte de un conjunto de propuestas legislativas que tenían por objeto afianzar la independencia judicial y lograr una eficaz prestación del servicio de justicia. El propósito del proyecto era lograr una estructura del Consejo que le diera operatividad y le permitiera cumplir con el rol original de designar los jueces más idóneos e independientes y remover a aquellos que no cumplieran con dicha premisa.
Entre los principales cambios que proponía se destacaba el reemplazo de los legisladores por representantes de éstos, a ser elegidos entre juristas de prestigio y con especial conocimiento del Derecho, lo que permitiría que su funcionamiento dejara de girar en torno de presiones político-partidarias para la designación o remoción de los jueces.
Este modelo, que integra representantes del Poder Legislativo, no ya legisladores, funciona en forma eficiente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en varias provincias del país donde el Consejo se reúne semanalmente con mayor facilidad, sin tener que subordinarse a la agenda del Congreso de la Nación. Por otra parte, es casi imposible que un miembro del Poder Legislativo pueda cumplir en forma eficiente ambas tareas, por lo que inevitablemente descuidará precisamente la legislativa, aquella para la cual fue elegido por el voto popular de la ciudadanía.
Ha pasado más de un año desde que asumió el nuevo gobierno y desde entonces se han remitido al Congreso numerosos proyectos de leyes tendientes a fortalecer nuestra castigada estructura institucional. Muy pocas han alcanzado sanción legislativa, como la ley de acceso a la información pública. Otras se encuentran en pleno trámite, tal el caso de la mentada reforma electoral. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha remitido aún al Congreso un proyecto clave como el de reforma al Consejo de la Magistratura, órgano que continúa funcionando con algunos miembros renovados, pero bajo la misma vieja estructura que criticamos.
A pesar del compromiso de sus nuevos integrantes, el rol constitucional del órgano no pudo cumplirse: hoy continúan vacantes casi trescientos juzgados nacionales, un tercio de la estructura del Poder Judicial. Cubrir esas vacantes es una tarea tan urgente como importante que exige una independencia en las designaciones capaz de evitar peligrosas politizaciones como las que hemos conocido en el pasado reciente.
Una adecuada reforma del Consejo de la Magistratura es imprescindible a estos fines y servirá para comenzar a poner las cosas en el lugar del que nunca debieron salirse. Los tiempos urgen. El vergonzoso papel de varios jueces federales, como Daniel Rafecas y Eduardo Freiler, entre otros, contribuye con sobrados fundamentos al descreimiento de la ciudadanía en la Justicia. La permanencia en sus cargos de esa clase de magistrados envilece el ejercicio de la Justicia. A tal extremo ha llegado ese descreimiento que una treintena de ONG y entidades de la sociedad civil, colegios de abogados y cámaras empresariales adhirieron a la necesidad de que el Consejo de la Magistratura realice auditorías en juzgados y cámaras de la justicia penal federal, tarea que el Consejo aprobó y puso en marcha, conociéndose hace poco los primeros resultados de las auditorías.
