La nueva ley que impacta en el agro y pasó desapercibida para el sector

Aunque parece algo distante al productor y a su tarea cotidiana, tener una Ley de Economía del Conocimiento favorece a toda la cadena agroindustrial. Si bien todavía en la Argentina tenemos un ecosistema AgTech modesto, ha demostrado mucho potencial y capacidad de agregar valor en cada hectárea producida. Los emprendedores de las industrias del software y la biotecnología están ayudando a los productores a generar cambios estructurales en el sistema agrícola.
Autor: Juan Manuel Barrero PARA LA NACION - 09/10/2020
Estas mejoras son en cambios concretos en el cotidiano de una empresa agro: cuando un productor puede manejar el riego desde su celular o llevar la gestión de su empresa en un sistema analizando métricas para la toma de decisiones, detrás hay una empresa de base tecnológica, una empresa de la economía del conocimiento.
Las startups agtech le ponen ciencia a los cereales, conocimiento a la comercialización, inteligencia artificial a la gestión de malezas. Siempre se habla de la industria del campo, de todo lo que hay más allá de la tierra, todo eso es conocimiento en una semilla, en un tractor, en el alambrado, en una caravana, etc. En todos lados empezamos a ver conocimiento. Entonces, sí, la aprobación de la ley de Economía del Conocimiento es un evento importante para que haya más Bioceres, Agrofy, S4 o Zoomagri.
Las empresas de servicios basados en el conocimiento venían de obtener beneficios con la Ley de Promoción de Software y esperaban tener continuidad con la Ley de Economía del Conocimiento. Luego de 10 meses de idas y vueltas entre la Cámara de Senadores y la de Diputados, este 8 de octubre se aprobó la norma. Si bien en cierta manera esta ley llega tarde y con modificaciones importantes, continúa siendo muy necesaria para el desarrollo de la economía, la generación de nuevos proyectos y el ingreso de divisas.
Los beneficios impositivos más interesantes que otorga la ley están en la reducción de aportes patronales e impuesto a las ganancias. Sin embargo, no lograrán compensar las pérdidas por el tipo de cambio que se generan al exportar servicios. En estos meses de pandemia y sin ley muchas pymes exportadoras no han logrado sortear los desafíos y han desaparecido, es por eso que generar de nuevo las condiciones para que puedan competir, era una deuda productiva pendiente.
Beneficios fiscales post reforma
Los beneficios serán retroactivos al 1° de enero de 2020.
La estabilidad fiscal es respecto de los beneficios que otorga la ley y no respecto de la carga tributaria total, esto quiere decir que puede haber nuevos tributos o incremento de los actuales.
El bono de crédito fiscal intransferible es igual a 70% u 80% de las contribuciones patronales efectivamente pagadas pero con límite de empleados. El mismo permitirá la cancelación de tributos nacionales, con exención del impuesto a las ganancias y una vigencia de 24 meses.
Exención de los regímenes de retención y percepción del Impuesto al Valor Agregado para exportadores o a quienes determine la autoridad de aplicación.
Las retenciones sufridas en el exterior por impuestos análogos al Impuesto a las Ganancias serán deducidas como un gasto más y no tomadas como un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
Los beneficiarios de la ley deberán abonar hasta el 4% del monto total de los beneficios fiscales al Fondo Fiduciario que crea la ley.
Rebaja del 60% en la tasa del Impuesto a las Ganancias para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes en cada ejercicio.
El gran punto negativo
Este último punto significa que hay menos beneficios para las que exportan más.
El rol del productor y del gerenciamiento del campo cambió sustancialmente en los últimos años y es gracias a empresarios agropecuarios que se han animado a invertir en tecnología, saliendo de su lugar conocido y de confort, poniendo inteligencia a los procesos, a la ciencia y a la tecnología.
Incluso el rol de los profesionales del campo (veterinarios, Ingenieros Agrónomos, biotecnólogos, administración agraria, etc.) ha cambiado cada vez dejan más atrás tareas rutinarias y de poco valor agregado y toman roles que requieren mayor talento y hasta de exportación de su conocimiento.
El costo de formar a estos profesionales es muy grande (ya sea para el Estado en una Universidad Pública o en el privado) y sin lugar a dudas gracias a la aceleración de la globalización y a los avances de la tecnología y el conocimiento esa inversión será mucho más rentable para las empresas y el país. Tal vez en poco tiempo podamos pensar en profesionales formados en el campo argentino que asesoren a empresas del extranjero desde la Argentina, exportando su conocimiento y servicios, como ya lo hacen algunos pocos.
Con un marco jurídico que no es suficiente pero que ayuda bastante a tener algunas reglas de juego más claras y de largo plazo, se nos abre una puerta para que los empresarios y los profesionales podamos seguir potenciando nuestras capacidades.
El autor es socio de Barrero & Larroudé
Por: Juan Manuel Barrero