El mundo nos presenta una nueva oportunidad.
“En el pasado no tuvieron los resultados esperados no los tendrán esta vez”, afirma economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Agustín Tejeda Rodriguez. Se refiere al hipotético caso de que el gobierno decidiera aplicar un aumento, con la expectativa de que se podrían desacoplar precios internos y externos. Tejeda Rodriguez se apoya en la experiencia vivida por el país y algunos estudios que dan cuenta de la poca eficacia que han tenido las políticas destinadas a instrumentar tributos sobre los productos exportados, para acreditar sus conclusiones.
Autor: Reportaje a Agustín Tejeda Rodriguez. en La Nacion - 18/02/2021
Señala además otro aspecto negativo de los derechos de exportación: “es un impuesto
procíclico que afecta la sostenibilidad de la empresa agropecuaria, agravando las
pérdidas en años malos porque no ajusta en escenario de bajos precios y márgenes muy
apretados, como los que estábamos viviendo hasta hace apenas unos meses, y tampoco
en situaciones climáticas adversas como la sequía que estamos atravesando
actualmente, con muchos productores viendo reducido el volumen de sus cosechas”.
Estima que “una moderna política agropecuaria debe tender a eliminar los derechos de
exportación y ofrecer herramientas para que el productor pueda gestionar los enormes
riesgos “inherentes a su actividad.
P –¿Preocupa que se barajen medidas regresivas?
R –Como ya ha sucedido en el pasado, en momentos de aumento de precios
internacionales de los productos agrícolas, se renuevan en la Argentina preocupaciones
sobre el impacto de estos aumentos en los precios de los alimentos en el mercado
interno. Y muchas veces estas inquietudes han derivado en la aplicación de políticas,
como derechos y restricciones a las exportaciones, con el objetivo de desacoplar precios
internos de los internacionales y evitar que las subas impacten sobre la inflación. Quizás
el período de mayor intervención se dio entre 2008 y 2015,cuandoseimplementaronaltos
derechos de exportación, así como cupos a las exportaciones de trigo, maíz y carne, entre
otros productos.
P –¿Estima que no resultan en favor del consumo interno?
R –Distintos estudios realizados por entidades como la Bolsa de Cereales y organismos
internacionales demuestran que esas políticas tuvieron impactos poco significativos sobre
los precios de los alimentos en góndola. Y la explicación es sencilla: los granos tienen una
incidencia menor en el precio final de los alimentos (en promedio el 12 por ciento) y, por lo
tanto, afectar su precio no tendrá impacto sobre los consumidores finales, especialmente
en un contexto inflacionario.
Sin efectos sobre el bienestar de los consumidores, que verían los precios de los
alimentos aumentar al ritmo de la inflación, estas políticas tendrían efectos muy negativos
sobre los incentivos a producir y el bienestar de los productores. Esto sucedió en
anteriores experiencias, cae el área sembrada y la inversión en tecnología, lo cual
provoca una caída de la producción en el mercado doméstico y, en consecuencia, precios
superiores a los registrados al momento de adoptarlas.
P –¿Puede concretarse una suba del 12 al 15 por ciento de retención al maíz y al trigo?
¿Cuánto incidiría en el precio del pan?
R –El gobierno conserva por la ley de Emergencia Económica la posibilidad de llevar las
alícuotas de derechos de exportación del trigo y el maíz del 12 por ciento actual al 15. No
podría responder sobre las posibilidades de que la decisión finalmente se adopte. Pero sí
puedo decir, en línea con lo anterior, que esa suba no tendrá efectos significativos en los
precios de los alimentos en la góndola. Una suba del 3% en la retención al trigo apenas
produciría una baja de 0,75 pesos en el precio del pan (-0,5 por ciento). Por otro lado, un
aumento de esta magnitud en los derechos de exportación afectaría las decisiones de
cara a la próxima campaña, resultando en una menor oferta de trigo. P – Sucedió en años
anteriores R –Precisamente, el trigo ha sido un caso paradigmático en la experiencia
reciente en materia de derechos y restricciones a las exportaciones. Entre 2008 y 2015
los productores llegaron a recibir apenas el 50 por ciento del precio internacional. La caída
en la rentabilidad del cultivo, sumada a la incertidumbre que introducían las restricciones a
la comercialización, llevaron a los productores a reducir el área sembrada, especialmente
en las zonas más alejadas de los puertos y con menor potencial de rendimiento. Los
efectos negativos sobre la oferta llevaron a que, en 2013, el trigo argentino pasara de ser
el más barato a convertirse en el más caro del mundo. Se llegaron a negociar contratos
por un valor superior a los 600 dólares por tonelada en la Argentina, cuando a nivel
internacional el valor promediaba los 310 dólares por tonelada. El sector agroindustrial
argentino tiene un enorme potencial para ser protagonista de la recuperación de la
economía, pero se encuentra limitado porque nuestra política agropecuaria es la más
negativa del mundo, como muestran los datos de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OECD). El mundo hoy nos presenta con estos precios una
nueva oportunidad. Lo peor que podemos hacer es no aprovecharla implementando
políticas basadas en premisas equivocadas.
