Las preguntas incómodas que Cristina Kirchner no puede responder.
El alegato del fiscal Luciani debilita a la vicepresidenta y deja en evidencia la fragilidad de sus explicaciones sobre los negocios de su familia durante los gobiernos de 2003 al 2015; el impacto en el Frente de Todos
Autor: Martín Rodríguez Yebra LA NACION - 22/08/2022
No la absolvió la historia, como alardeó cuando enfrentó a los jueces. Tampoco la política. Cristina Kirchner constató en las últimas semanas tan tortuosas para ella que el poder es un escudo imperfecto y que el liderazgo mesiánico que ejerce apenas funciona con la minoría intensa que acepta la sumisión religiosa a sus consignas.
El durísimo pedido de condena que presentó el fiscal Diego Luciani en el juicio del caso Vialidad (12 años de prisión e inhabilitación perpetua) desborda la dimensión jurídica y ahonda la fragilidad política de la inventora del Frente de Todos, un proyecto electoral que tenía entre sus razones fundacionales limpiar para siempre su prontuario. Es un terremoto con muchas réplicas por delante y que condicionará la vida del peronismo al menos hasta la renovación presidencial de 2023.
El fracaso económico del gobierno de Alberto Fernández convirtió en papel mojado el evangelio exculpatorio del lawfare. La sociedad tiende a hacer la vista gorda con la corrupción cuando las cosas van bien; en las crisis la indignación pública se agiganta ante la mínima sospecha de un negocio espurio con los bienes del Estado.
Cristina experimenta en carne propia los efectos de esa transformación, mientras se resigna a apoyar en silencio el ajuste económico que aplica Sergio Massa, el mismo que en una vida no tan lejana prometía “meter presos” a los responsables de la corrupción de los primeros gobiernos kirchneristas.
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