El clima extremo abre el debate sobre la necesidad de un fondo anticíclico.
La fábrica a cielo abierto que es la producción agropecuaria sufre la sequía y las heladas, fenómenos que influyen en las futuras exportaciones; durante los años con buenos ingresos no se sumó una reserva para tiempos en los que el clima no acompaña.
Autor: Gabriela Origlia en LA NACIÓN (SUPL. COMERCIO EXTERIOR) - 24/11/2022
Las crisis recurrentes de la economía argentina tienen un patrón común: cada vez que el
ciclo internacional favorece al país con mejores términos de intercambio, el gasto
público se expande y cuando esa dinámica se revierte, no baja. Nunca se aprovechan los
buenos tiempos para crear un fondo anticíclico al que echar mano. Este año el valor de
la cosecha (soja, maíz, trigo) será US$10.000 millones superior a la anterior:
US$51.000 millones.
La sequía, que complica al principal motor de ingreso de divisas,
ya complica el 2023 y la Argentina no tiene fondo anticíclico al que echar mano.
Los fondos anticíclicos se basan en un concepto simple, el de ahorrar en las épocas de
vacas gordas para poder sostener o aumentar el gasto público en las de vacas flacas.
Cuando la economía se contrae, esos recursos sirven para amortiguar el golpe o acelerar
la revitalización.
Pese a la buena cosecha, las proyecciones de superávit comercial se redujeron de
US$14.700 millones a US$5.500 millones, según el Ieral de la Fundación Mediterránea
y las reservas internacionales del Banco Central no mejoraron no solo por el alza de las
importaciones energéticas, sino porque juegan factores como el turismo, dólar ahorro y
liberación de divisas para pagar ven cimientos de deuda externa de empresas. En total,
unos US$15.000 millones.
Las condiciones climáticas de la campaña 2022/2023 marcan una incógnita sobre el
nivel de exportaciones. Ramiro Costa, economista Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
plantea que el fenómeno de La Niña ya provocó cambios en las decisiones de siembra
de los productores, limitando las posibilidades del maíz temprano, en favor de la soja
y el maíz tardío. “Las principales variables que quedan hoy en juego son los avances
de las siembras y los rendimientos que se podrán obtener”, sintetiza.
En un escenario consistente con las perspectivas de producción actuales de 12,4
millones de toneladas para el trigo, y una proyección “rano zonable” para el maíz y la
soja, suponiendo que el clima acompañe, las exportaciones del 2023 sumarían unos
US$40.810 millones, US$ 1.115 millones por debajo del 2022.
En cambio, si la sequía continuara, afectaría en mayor proporción la cosecha de soja y
maíz y las exportaciones podrían caer a US$33.799 millones, con un recorte de
US$7858 millones respecto al 2022 y de US$4296 millones en relación al 2021.
En cuanto a precios, Costa detalla que el de los aceites caería en la comparación
interanual (siempre considerando la estacionalidad de las exportaciones). El de soja
perdería 11% (aun así estaría 14% por arriba del 2021) y 19% el de girasol.
Una dinámica similar se daría en el resto del complejo sojero, con un precio de poroto
9% inferior a 2022 (5% por encima de 2021) y uno de los pellets 8% inferior a 2022 y
también 5% superior a 2021. Para el caso de los cereales, los precios aumentarían en la
relación interanual; trigo 21% (46% más que en 2021) y maíz, 4% (19% más alto que en
2021).
“Las exportaciones proyectadas necesariamente se traducen en ingresos de divisas de la
misma magnitud -aclara Costa-. Es que una parte ya fue adelantada en el marco del
Programa de Incremento Exportador”. En septiembre se liquidaron US$ 8.120 millones,
174% por encima del mismo mes del 2022. Para Costa, lo “razonable” es esperar un
nivel de liquidaciones inferior a las exportaciones por unos meses, hasta que ambos
indicadores retomen su correlación. Ya en octubre fue de US$1.217 millones, 49%
menos que un año atrás.
Para cualquier país que depende fuertemente de la producción agropecuaria, la sequía es
una muy mala noticia. Desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de
Argentina (Fada), David Miazzo apunta que, por un lado, impacta en el productor, que
pierde rentabilidad, capital de trabajo y lo deja más complicado de cara a las próximas
campañas; después golpea a la actividad económica (hay un efecto dominó con menos
generación de riqueza, menos recaudación, baja de demanda de los otros eslabones de la
cadena) y, por supuesto, tiene un efecto cambiario.
“Para postergar una devaluación, el Gobierno echa mano a un cepo cambiario cada vez
más fuerte que traba importaciones, que multiplica tipos de cambio y que se refleja en la
brecha -añade-. Además, el tipo de cambio oficial se atrasa. Esa debilidad cambiaria se
ve en las reservas del Central que no tiene dólares para sostener un tipo de cambio
oficial artificial y atrasado. Entonces la sequía es un doble problema: golpea a la
actividad y pone más cerca una potencial devaluación, ya que afecta la entrada de
divisas”.
Miazzo enfatiza que a ese escenario hay que sumarle que la Argentina está afuera del
mercado voluntario de deuda: “Nadie nos quiere prestar. No podemos pasar la crisis
pidiendo prestado como pueden hacer Brasil, Uruguay o Paraguay, también afectados
por la sequía. No hay colchón para amortiguar los problemas; hay extrema debilidad
macroeconómica”.
Crisis recurrentes
Las recurrentes crisis de la economía argentina son consecuencia, a criterio del
economista Fernando Marengo, de un comportamiento “irresponsable” de los gobiernos
que, cuando favorecen los términos de intercambio, destinan el mayor ingreso a
financiar más gasto.
“Pero esos ciclos no son permanentes, se revierten y, cuando caen los términos de
intercambio y bajan los ingresos por exportación mantienen el gasto al mismo nivel -
añade-. En esa baja, los mismos que en el ciclo positivo prestaban dinero, ahora quieren
cobrar, entonces se combinan los dos factores en una situación que es imposible de
sostener”.
La rueda que describe obliga a un ajuste fiscal “no solo por el equivalente a la caída del
ingreso” sino también para tener recursos para pagar la deuda. “Como socialmente es
una decisión muy costosa, en general la decisión es no pagar más o reestructurar y, esa
dinámica, lleva a que cuando vuelven a prestarnos es a una tasa mayor”.
Chile es, en Latinoamérica, el país con más experiencia en fondo anticíclico. Un comité
de expertos en el mercado de cobre proyecta el precio del mineral por cinco años; todo
lo que está por encima, debe ahorrarse y, cuando se perfora esa línea, se podían usar los
recursos. Creó el 6 de marzo de 2007 el Fondo de Estabilización Económica y Social
(FEES); apunta al financiamiento de déficits fiscales eventuales y al pago de las
amortizaciones de la deuda pública. En 2009, Michelle Bachelet retiró US$ 9000
millones para paliar los efectos de la recesión. El fondo contribuye, además, a atemperar
la volatilidad de los ingresos fiscales que provienen de los impuestos sobre el cobre.
Marengo grafica que, en retenciones, entre 2005 y 2011, el Estado argentino recaudó
US$ 45.000 millones (cifra equivalente a las reservas de ese último año), “muestra el
margen para constituir un fondo anticíclico”. Esos “ahorros” no se pueden tocar, se
invierten en activos internacionales. La tentación es usarlos para acelerar el crecimiento
en años positivos, en vez de apuntar a una dinámica sostenida.
El economista es tajante al afirmar que “no se trata de que Néstor Kirchner, Hugo
Chávez y Lula fueran estadistas” y sus sucesores “no entendieran nada”. “Alcanza solo
con mirar la evolución de los términos de intercambio y vemos cómo impacta el ciclo
en las economías”, resume.
Federico Bernini, economista y asesor de la Cámara de Exportadores de la República
Argentina (Cera), subraya que la Argentina es el sexto país del mundo en recaudación
de retenciones, según datos del Banco Mundial, “con lo que los productores aportan a lo
que debería ser un fondo anticíclico, que no existe”. Noruega cuenta con ese modelo,
que lo constituye en base al petróleo, y lo administra “de manera racional”.
Noruega creó en 1990 el Fondo Gubernamental del Petróleo, el mayor fondo soberano
del mundo, que maneja los ingresos provenientes del sector petrolero en función de los
objetivos de largo plazo. Gestionan el dinero el Norges Bank Investment Management
(NBIM); solo un tercio corresponde a recursos petroleros, el resto proviene de la
revalorización de las inversiones.
La Argentina cerraría este año con US$87.500 millones de exportaciones de bienes, un
“récord” impulsado por la suba de 17% de los precios ya que se combina con una de
entre 4% y 5% del volumen. Bernini ratifica que “dólares por exportaciones hay” pero
hay factores internos y externos que, combinados, complejizan la situación. “Todo
constituye un escenario de incertidumbre; hay cambios de resoluciones permanentes; el
SIRA todavía no está funcionando y los plazos de 180 días que da no existen en el
mercado”, completa.
Informes del Ieral dan cuenta de que las cuentas de este año cerraron por un “aumento
del crédito externo de comercio exterior de US$8000 millones”, una fuente de
financiamiento que es “muy difícil de replicar” en 2023. “Por eso el Gobierno busca
más crédito comercial de China; con la sequía bajando valor de la cosecha, los números
no cierran”.
Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, admite que
sería deseable contar con un fondo anticíclico pero subraya algunos aspectos: en
general, se arman sobre recursos con alta participación del Estado y no renovables, con
una “mirada intergeneracional”; establecen el para qué y se discuten en países con una
macro “ordenada”.
Indica que las retenciones, por ejemplo, no se instrumentaron con ese objetivo en 2002
sino con el fin de cubrir el déficit fiscal. “Se siguen cobrando y tenemos el bache fiscal
lo mismo”, apunta. Entiende que se puede diseñar un fondo pero más que anticíclico lo
llamaría “compensador” y le daría un destino concreto. Por caso, se podrían bajar las
retenciones a cero y poner un adicional con ese fin.
