Política y economía, por caminos opuestos.
La fuerte incertidumbre que envuelve hoy a la economía no obedece tanto a lo que ocurre, sino a lo que puede ocurrir en los próximos meses. Cristina Kirchner ha vuelto a denunciar conspiraciones por todos lados (externas e internas), como no lo hacía desde la crisis con el campo en 2008. Y su reacción de politizar al máximo sus decisiones va a contramano de la necesidad de evitar que se agraven los desequilibrios y problemas económicos.
Autor: NESTOR SCIBONA - 17/08/2014
Después de algunas semanas, la consigna "Patria o Buitres" se está transformando para el Gobierno en un arma de doble filo, como todo enunciado reduccionista. A medida que se aleja la posibilidad del "acuerdo entre privados" (holdouts-bancos extranjeros), sólo sirve para atribuir culpas de los problemas -actuales o futuros- y cohesionar a la militancia. Pero no para evitar las consecuencias económicas del actual default, que más se harán sentir cuanto menos transitorio sea. Por lo pronto, los mercados ya comenzaron a cubrirse, como lo demuestran la suba del dólar paralelo (empujada además por la baja de la tasa de interés) y el paulatino retroceso de los bonos argentinos.
Con el default y la puerta cerrada al financiamiento externo, el gobierno de CFK volvió a su vieja táctica de buscar culpables ajenos para encubrir errores propios y negar la realidad.
Los fondos buitre son ciertamente una lacra del sistema financiero. Pero otros países que reestructuraron deudas soberanas lograron neutralizarlos, ya sea rescatando discretamente a bajo precio los bonos defaulteados (caso Brasil) o mediante acuerdos antes de llegar a juicios (caso Uruguay). Cristina, en cambio, optó por ignorarlos hasta hace dos meses, cuando fracasó su apuesta a que la Corte Suprema de los EE.UU. revisara el arbitrario fallo dictado hace dos años y medio.
En el plano interno, la mejor manera de defender a los consumidores sería bajar la inflación, sobre todo con la actual caída del salario real. Pero el Gobierno optó en cambio por crear un fuero judicial de defensa del consumidor y reformar la anacrónica ley de abastecimiento, que suprime las penas de prisión o arresto a cambio de ampliar el intervencionismo sobre las empresas para la determinación de precios, márgenes de utilidad, volúmenes de producción y canales de comercialización de bienes y servicios. Todo esto augura más conflictos que soluciones, en medio de una inflación que ya apunta por encima del 40% anual y se ubica entre las más altas del mundo; y de las trabas para importar insumos y repuestos con una brecha cambiaria de 60%.
La amenaza de enviar esta ley al Congreso ya había sido esgrimida para forzar los acuerdos del plan Precios Cuidados, que el Gobierno insiste en presentar como una política antiinflacionaria aunque sólo abarque a un conjunto limitado de empresas y cadenas de supermercados y ni logró extender al interior del país. Entre otras razones, porque los costos logísticos acumulan un alza del 23 al 31% en los primeros siete meses del año. Pero hasta ahora sólo sirvió para ampliar la brecha entre los precios de esa canasta y los de productos y servicios que están fuera de ella. También para que el Indec los utilice para atenuar las subas del nuevo IPC nacional. Esto explica el aumento de 1,4% registrado en julio (un punto menos que el 2,4% del IPC Congreso y más bajo que la mayoría de estimaciones privadas que lo ubicaron en torno de 2,5/2,9%). Aun así, el Indec nunca informó hasta ahora sobre los incrementos en las seis regiones del país en que se divide el índice nacional.
Si el nuevo proyecto de ley -rebautizado ahora como de regulación de las relaciones de producción y consumo- constituye un fuerte desincentivo para nuevas inversiones privadas, no se queda atrás la denuncia penal del Poder Ejecutivo para aplicar la ley antiterrorista a la quiebra de la gráfica Donnelley, más allá del origen de sus capitales. En los últimos años, el kirchnerismo se ha especializado en el doble discurso de promover la inversión y a la vez introducir mecanismos legales para ahuyentarla. Sin ir más lejos, la buena idea de ampliar y federalizar el mercado de capitales con incentivos a la oferta pública de más empresas quedó frustrada por una cláusula (el famoso artículo 20) que faculta a la CNV a intervenir sociedades ante denuncias de accionistas minoritarios. Tampoco ayudó la hiperregulación por decreto del sector de hidrocarburos, donde sólo YPF aumentó significativamente sus inversiones desde la reestatización, mientras ahora CFK mantiene el apriete financiero y confronta con los gobernadores de las principales provincias productoras, que cuestionan la reforma de la ley de hidrocarburos.
A esto debe sumarse la presión tributaria récord sobre las empresas, acentuada por la no actualización de balances por inflación que grava ganancias ficticias. Otro tanto ocurre con el nuevo impuesto a las utilidades por la venta de acciones y títulos que se creó para justificar la última suba del piso no imponible de Ganancias para asalariados y que al cabo de un año ya fue devorada por la inflación.
Días atrás, en uno de sus profusos mensajes por la cadena nacional de radio y TV, la Presidenta justificó que el gasto público haya crecido 45% en la primera mitad de 2014 ante la retracción de inversiones privadas, que es lo que más se necesitaría para aumentar la oferta. Pero su razonamiento es al revés: el sector privado invierte menos porque el creciente desequilibrio fiscal se financia con más pesos emitidos por la "maquinita" del BCRA, que alimentan la inflación esperada y, junto con el desequilibrio externo -menos divisas, agudizado ahora por el default-, la perspectiva de más controles cambiarios y presiones sobre el dólar. En suma, más incertidumbre y menos crecimiento. De ahí que cada vez que CFK toma el micrófono, los economistas independientes recalculen el gasto, el déficit fiscal, la inflación y el PBI.
La perspectiva es muy distinta a la recesión de 2009, más intensa que la actual (y que el Indec sólo reconoció este año con una baja de apenas 0,1% del PBI) y de la cual el Gobierno pudo salir relativamente rápido, a costa de empeñar el superávit primario con medidas contracíclicas. A diferencia de entonces, hoy no cuenta con superávit fiscal ni sobran reservas y, en cambio, tiene el contrapeso del déficit energético y la caída del salario real. Así, los aumentos del gasto y los créditos subsidiados resultan poco eficaces, ya que para solucionar un problema (caída de actividad o empleo) se agrava otro (emisión o escasez de divisas). A ello se suman los imparables subsidios a la energía y el transporte, autopropulsados por la devaluación de enero y el congelamiento de tarifas eléctricas en el área metropolitana de Buenos Aires. De ahí que los fuertes ajustes de tres dígitos en las tarifas de gas y colectivos aplicados este año sólo hicieran cosquillas en la cuenta de los subsidios, que apunta a 230.000 millones de pesos en 2014 (casi las dos terceras partes del gasto en jubilaciones y pensiones).
Para completar el cuadro, vuelven a surgir rumores de cambios en el área económica, que podrían sintetizarse como más (Axel) Kicillof y menos (Juan Carlos) Fábrega. O sea, más ideología y menos pragmatismo en la política económica..
