Un choque cultural.
Como todo presidente expuesto a una crisis de reservas, Cristina Kirchner está de nuevo ante una opción molesta: debe elegir entre preservar su identidad o mantener la gobernabilidad. Preservar su identidad significa ser fiel a su discurso. En este caso, no negociar con los fondos buitre o "depredadores seriales", como ella llama a los tenedores de bonos en default.
Autor: CARLOS PAGNI - 17/06/2014
Muchas veces la Presidenta sugirió lo que ocurriría si la justicia de Estados Unidos satisfacía el reclamo de los holdouts embargando los fondos que el país deposita en el Bank of New York para pagar los bonos reestructurados en 2005 y 2010: "No pueden obligar a un país a no cumplir sus compromisos", repitió.
Traducido: no soy yo quien decidió la cesación de pagos; fueron los jueces.
Alineados con esta posición, algunos interlocutores de Carlos Zannini y Kicillof les hacen ver que es el peor momento para negociar con el fondo Elliott y los demás holdouts beneficiados por la Corte. "Esos tipos quedaron en una posición inmejorable; sentarse hoy significa darles todo", explicaba uno de esos especialistas ayer. Es verdad: el fondo Elliott y los demás tenedores de bonos en default consiguieron ayer dos pronunciamientos de la Corte en su favor. Además de no tratar la apelación de la Argentina, el tribunal rechazó un pedido del Departamento de Estado para que, en nombre de la ley de inmunidad soberana, se prohíba embargar o pedir información sobre activos del país ( http://www.law.cornell.edu/supct/pdf/12-842.pdf ).
¿Qué proponen los consejeros de Zannini y Kicillof? Ignorar los fallos y ofrecer a los tenedores de bonos reestructurados que cobren sus acreencias en Buenos Aires. El Gobierno duda muchísimo en aceptar esa "solución". En varios bancos de inversión también son escépticos. Dicen que "reunir a todos los bonistas detrás de ese programa es imposible".
Si se descarta una negociación con los holdouts, que es la vía que la mayoría de los expertos considera más sensata, se podría abrir otra perspectiva turbulenta: que el Gobierno resuelva volver a reestructurar toda la deuda.
Estos enfoques suponen, desde el punto de vista político, que Cristina Kirchner se atará a su palabra: no negocio con los "buitres". No es lo que hizo cada vez que quedó al borde del abismo. Ella se cansó de repetir que "los que quieren una devaluación, que esperen otro gobierno". O que "los que pretenden subir la tasa de interés buscan enfriar la economía". También negaba la inflación porque era un argumento de los tenedores de bonos actualizados por CER. Sin embargo, devaluó, subió las tasas y sinceró la inflación. No debería sorprender, entonces, que Axel Kicillof se sentara con Paul Singer, el titular del fondo Elliott, para negociar la heroica fase final del "desendeudamiento".
La intransigencia en las consignas activará una mayor caída de reservas monetarias. Ayer hubo un ensayo general de ese drama. El precio de los bonos se derrumbó y comenzó la presión sobre el dólar a través de operaciones de contado con liquidación. Los expertos vaticinan que la brecha entre la cotización oficial de la divisa y la paralela tenderá a agigantarse. Para seducir a los ahorristas a conservar sus pesos habrá que aumentar la tasa de interés. La actual, de 27%, es elevadísima. Pero en el nuevo contexto es muy barata. Las consecuencias de esta dinámica se sentirán en el nivel de actividad, que seguirá cayendo, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo. El termómetro político indicará más tensión social y sindical. Este camino desemboca en el lugar que se quería evitar cuando se lo tomó: con una economía que se contrae ya no 1 sino 4%, que es lo que prevén los economistas más serios, la pretensión presidencial de abandonar el poder envuelta en la bandera de la distribución del ingreso será una quimera.
Los votantes que prefieren al kirchnerismo porque garantiza las fuentes de trabajo buscarán otras opciones.
La alternativa es resignar otra consigna y negociar con los holdouts. En una audiencia que se celebró el 31 de mayo, Thomas Griesa ofreció su juzgado como marco para esa transacción. Existe un argumento que la desalienta: los bonos reestructurados en 2005 y 2010 llevan una cláusula RUFO (rights upon future offer), por la cual el Estado se obliga a extender a sus tenedores las ventajas que conceda en un eventual convenio con los holdouts. La validez de ese requisito es discutible, porque en este caso no habría un acuerdo voluntario, sino el cumplimiento de un imperativo judicial. Así se entiende la respuesta, en principio escandalosa, que dieron los abogados de la Argentina cuando los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York les preguntaron si acatarían sus sentencias: "Voluntariamente, no". Estaban fijando posición para un eventual reclamo de los bonistas que se amparan en la cláusula RUFO. Esas demandas se realizarían ante el propio Griesa, que obligó a pagar a los holdouts.
La Presidenta pasó ayer el día envuelta en llamas. A su lado, sólo Jorge Capitanich aconsejaría negociar con los holdouts. Zannini y Kicillof son más inflexibles. Pero nadie ofrece una hoja de ruta clara. En las últimas semanas hubo una extraña coincidencia: el gobierno argentino, la oposición, los abogados del fondo Elliott y el mercado financiero coincidieron en que, antes de rechazar la apelación, los jueces consultarían al solicitor general, el abogado de la Casa Blanca, para que emita un dictamen sobre el caso. Muchos banqueros, a veces en contra de lo que opinaban sus asesores jurídicos, supusieron que los magistrados serían sensibles a la carga política del pleito. Después de todo, Francia, Brasil, México y el Fondo Monetario se habían presentado como amicus curiae respaldando a la Argentina. La señal más clara de este consenso fue que los bonos del país no paraban de subir.
CONTEXTO
El optimismo casi religioso del Gobierno, de la oposición y del mercado se basaba en el error de considerar que la Corte evaluaría el caso pensando en su contexto. No lo hizo. Las dos decisiones que el máximo tribunal norteamericano adoptó ayer fueron de una asepsia jurídica rigurosa. Ya habían aparecido señales de ese estilo. En una audiencia celebrada por el denominado caso Discovery, un abogado de los holdouts argumentó que la Argentina no cumplía con muchos compromisos: "¿Y eso qué tiene que ver con el pleito que estamos considerando?", le respondió el presidente del tribunal.
Para Cristina Kirchner las novedades de ayer son difíciles de asimilar. Ella cultiva un reduccionismo político que le impide pensar que existen decisiones autónomas de la voluntad del que manda. Los jueces estadounidenses siguieron otro criterio. Las obligaciones asumidas en un contrato pueden ser más coercitivas que la razón de Estado. O, dicho de otro modo, cabe imaginar que el poder se incline ante un derecho. Para el kirchnerismo se trata de un choque cultural..
