Siete argentinos mencionados en el informe de PEN Internacional sobre escritores y periodistas atacados desde el poder.

Jorge Fernández Díaz, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara y Alejandro Alfie, entre los mencionados en el informe Archivo

El organismo lamenta que “funcionarios gubernamentales y organizaciones vinculadas a simpatizantes del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel” lanzaran campañas para censurar libros e investigaciones periodísticas

Autor: LA NACION Daniel Gigena - 24/03/2025


PEN Internacional publicó el informe “Identidad a prueba: persecución y resistencia”, donde presenta la lista de casos de escritores y periodistas perseguidos y acosados durante 2024 en distintos países. La lista alerta sobre la creciente persecución de escritores basada en su identidad y el aumento de la censura, el encarcelamiento y las amenazas a las que se enfrentan debido a su género, orientación sexual, etnia o creencias religiosas, a la vez que “subraya una preocupante tendencia mundial: quienes se atreven a expresar su identidad o a desafiar las narrativas dominantes están siendo silenciados mediante amenazas legales, censura y violencia”.

En la lista de “casos emblemáticos” consignados por PEN Internacional, figuran siete escritores y periodistas argentinos hostigados desde el Gobierno: Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Sol Fantin, María Soledad Iparraguirre, Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá y Alejandro Alfie.

“En la Argentina, periodistas, escritores, editoriales y medios de comunicación han sido públicamente insultados por el presidente Javier Milei, quien los acusó de ser cómplices de políticos corruptos o de escribir mentiras, calumnias o injurias -se remarca en el informe, publicado el viernes pasado-. Según el Foro Argentino de Periodistas (Fopea), de 173 ataques documentados en el primer año del mandato de Milei, el 69,3% provino de funcionarios públicos, de los cuales el propio presidente fue responsable de casi la mitad (32,37% del total: 56 ataques). Esto fue acompañado por un decreto que impide la divulgación de información que el presidente considere privada, en un aparente intento de frenar el flujo de información y las críticas al gobierno de Milei”.


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