Milei se asoma a su prueba más riesgosa.
El Presidente necesita dar una señal de orden político junto a los gobernadores para enfrentar su mayor desafío: la licuación de las jubilaciones y la remoción de los subsidios energéticos
Autor: Carlos Pagni LA NACION - 07/03/2024
Javier Milei está intentando entrar al sistema por otra puerta. Fracasó la de la Cámara de Diputados. A partir de esta semana, ensayará con la del colegio de gobernadores. Ya no se trata de conseguir la aprobación de un programa inabarcable. Alcanza con un acuerdo mínimo sobre cuestiones de administración. Pero el verdadero objetivo es más amplio. Milei necesita dar una señal de orden político. Demostrar que cuenta con una fórmula de poder. Para él es importante hacerlo ahora, cuando la marcha hacia la normalización económica se aproxima a la zona más riesgosa: la licuación de las jubilaciones y la remoción de los subsidios energéticos. La prueba de fuego del ajuste fiscal aun está por llegar. El verdadero rostro del gobierno de Milei se conocerá cuando haya atravesado esos desafíos.
En su discurso ante el Congreso, el Presidente definió el temario del entendimiento federal. Aprobación de la ley ómnibus a cambio de un alivio fiscal. Ese pliego es ahora mucho más realista que hace dos meses. Aquella megareforma legislativa se reduce ahora a tres materias. Declaración de la emergencia económica y delegación de facultades parlamentarias al Poder Ejecutivo. Desregulación minera y energética. Régimen de garantías para grandes inversiones. A cambio, los gobernadores mejorarán sus ingresos con una vuelta atrás en la reducción del impuesto a las Ganancias. Este es el corazón de un programa operativo. El programa posible.
Cuestiones otrora no negociables, como las privatizaciones, quedan en la penumbra de un “a conversar”. Y también hay que encontrar un lugar en la planilla para el DNU “Sturzenegger”: anoche el kirchnerismo se ufanaba de tener los votos, asociado a senadores de Neuquén, Río Negro y a un par de radicales, para rechazarlo en el Senado. Necesitan que Victoria Villarruel convoque a la sesión correspondiente. Ella no lo hace, a la espera de que la negociación con los gobernadores rescate esa norma. Es una batalla de gran valor simbólico.
Si se observa el eventual convenio con mayor detenimiento, aparecen matices importantes. En la delegación de facultades estaría la autorización para que la Casa Rosada se haga cargo, y por lo tanto pague el costo, de la licuación jubilatoria. En la discusión con los legisladores esa propuesta naufragó. Por otra parte, la reposición de Ganancias esconde dos trucos. Uno es que el Gobierno la presenta como una concesión a las provincias, que se benefician con el 70% de la recaudación. Pero por el otro 30% el Tesoro también mejora sus ingresos. Además, revertir la reforma impuesta por Sergio Massa sería inevitable porque la está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, como quedó claro con las declaraciones que formuló Gita Gopinath en su visita a Buenos Aires. Esa es la razón por la cual, en un gesto de sinceridad, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció el envío del proyecto a las Cámaras antes de reunirse con los gobernadores.
Es posible que los líderes provinciales no se conformen sólo con la suba de Ganancias. Quieren rehabilitar el subsidio al transporte y el incentivo docente. ¿Sería tan alto el costo de esas exigencias? Es una pregunta que debe responder Luis “Toto” Caputo. En el póker de la discusión, los gobernadores podrían hacer relampaguear una amenaza inverosímil: reunir los votos necesarios para que el Congreso disponga la coparticipación de todos los impuestos. Es el programa de Cristina Kirchner: dar a las provincias la mitad del impuesto PAIS, muy caudaloso por la devaluación de la moneda; reponer el fondo de la soja, que distribuía entre los caudillos federales el 30% de las retenciones; y obligar a pagar el incentivo docente. La propuesta supone eternizar algunos gravámenes, sobre todo el que se aplica sobre las importaciones. Otra distorsión gravísima sobre el comercio exterior, que afectaría también un eventual levantamiento del cepo. Ni la señora de Kirchner está convencida que su plan sea viable. Haría colapsar el programa económico de Milei.
El Presidente sabe que su jugada perjudica a la jefa del peronismo. Un acuerdo con los gobernadores significa una división, aunque más no sea episódica, de los bloques legislativos de ese partido. La expresidenta debería resignarse a volver a los tiempos de Mauricio Macri, cuando los diputados y senadores que obedecían a los gobernadores facilitaban y satisfacían requerimientos del Ejecutivo. Si se observa desde el ángulo opuesto, ayudar a Milei significa para muchos dirigentes peronistas aflojar el yugo que les ha impuesto en estos años Cristina Kirchner. Un yugo que incluye una vergonzosa derrota electoral.
La búsqueda de una fórmula que asegure la gobernabilidad tuvo varios impulsos en las últimas semanas. Comenzó a esbozarse el 20 de febrero, cuando Guillermo Francos visitó Salta para la celebración de la histórica batalla. Allí comenzaron las conversaciones con tres aliados: el dueño de casa, Gustavo Sáenz; Osvaldo Jaldo, quien emergió del averno del peronismo tucumano para sumarse a las fuerzas del cielo; y el jujeño Carlos Sadir. La idea era salir del pantano en que habían ingresado todos con el fracaso de la ley ómnibus. La marcha tuvo un accidente cuando el amateur Milei y el amateur Ignacio Torres, de Chubut, se abrazaron las columnas del templo por unos miserables 11 millones de dólares. Fue el momento en que revoloteó otra paloma de la paz: Mauricio Macri. Habló con Milei y le recomendó iniciar negociaciones, empezando por los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio. Macri inició un trabajo de persuasión que tuvo una instancia importante antes de ayer: se reunió con Nicolás Posse y Santiago Caputo, a los que intentó convencer de que el equipo tiene “funcionarios que no funcionan”. Un mensaje que el suspicaz núcleo íntimo de Milei decodifica como una amenaza de desembarco del Pro en la administración. El tercer impulso para que se inicien las tratativas federales vino del Fondo Monetario: Gopinath declaró que el Gobierno debería lograr acuerdos políticos e integrar más partidos a su base. A partir de estos consejos, el Mago del Kremlin, Santiago Caputo, comenzó a borronear el marketing de un “pacto de la Moncloa” en versión anarco-libertaria. Un oxímoron.
El viernes, ante la Asamblea Legislativa, Milei reveló a todos, también a los suyos, que había aceptado el consejo. Cuenta con una ventaja nada despreciable, que condiciona el movimiento de los gobernadores. En la primera vuelta electoral, se impuso en Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe. En la segunda, agregó victorias en Capital, Catamarca, Corrientes, Entre Rios, La Pampa, La Rioja, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El principal condicionamiento de quienes gobiernan esos distritos viene del electorado.
El Gobierno se ufana de no estar urgido por un entendimiento. Es una verdad muy relativa. Para entender el problema hay que analizar la naturaleza del ajuste fiscal que ha ejecutado hasta ahora Luis Caputo. El ahorro se basó en una gran licuación de salarios y jubilaciones; en un adelanto de muchísimos pagos previstos para enero que, por consejo de un exfuncionario de Hacienda de origen radical, se realizaron en diciembre; y en el incumplimiento de infinidad de compromisos del Tesoro, entre los que se destacan los giros a Cammesa para solventar los subsidios a la generación de energía. Es evidente que se trata de un ajuste insostenible en el tiempo.
Por esta razón, el Gobierno se encuentra ante dos enormes desafíos. Obtener una fórmula jubilatoria que disuelva el costo previsional y reducir la subvención al consumo de energía, sobre todo de electricidad. La cuestión previsional está agravada por la disparada de los precios de los medicamentos. En estas semanas se registra un fenómeno alarmante: una caída del 7% interanual en el consumo de remedios recetados. Es decir, muchos pacientes, sobre todo ancianos, dejan de tomar las medicinas que les prescriben porque no pueden pagarlas. Este problema está en el centro de la agenda esta semana, ya que las autoridades del PAMI, que representa el 40% del negocio, con la intervención decisiva de asesores de Posse, están discutiendo con los laboratorios el precio de las drogas. Es una discusión compleja, porque PAMI no quiere renunciar a la entrega gratuita de algunos medicamentos. Este sector ofrece a Milei un ejemplo muy interesante de las dificultades de implementar a sangre y fuego las reglas del mercado. Dicho de otro modo: hasta ahora nadie habla de competencia en la compra de remedios que hace el PAMI. La libertad, en este terreno, no avanza. Igual que en Tierra del Fuego, cuyo régimen de protección fue denostado hasta por la mismísima Gopinath, quien se hizo célebre en la academia por sus estudios sobre la competitividad empresarial.
El segundo objetivo, la eliminación de los subsidios energéticos, es más exigente como consecuencia de la gran devaluación, que encareció esas subvenciones por su impacto en las importaciones de combustibles destinados a la generación eléctrica.
Milei está saliendo al encuentro de una de las mayores dificultades de todos las administraciones desde que los Kirchner decidieron “regalar” la energía: trasladar el costo de la generación y la distribución desde el fisco a los usuarios. Los funcionarios encargados de resolver este problema, liderados por Eduardo Rodríguez Chirillo y su mentor, Carlos Bastos, no terminaron de definir el nuevo cuadro tarifario. Se presume que para las familias que consuman hasta 599kw/k por mes habrá un cargo fijo equivalente a unos 6 dólares; a partir de allí ese cargo será el equivalente a 35 dólares, más la tarifa proporcional al consumo. El Gobierno sólo está dispuesto a hacerse cargo de esa erogación si el gasto total en energía representa más del 10% de los ingresos de un hogar. En tal caso, se subsidiará lo que supere ese 10%. Para identificar esa situación prometen integrar unas 15 bases de datos. Comercios e industrias no recibirán subsidio alguno.
Los especialistas hacen cálculos inquietantes: por ejemplo, un porteño que no tenía subsidio eléctrico, que en abril pasado, por consumir 600 kw/h en un departamento de tres ambientes, pagó con impuestos $15.050 pesos, va a pagar ahora $100.541. Si es un bonaerense, la suma sería mayor por el peso de los impuestos.
Los funcionarios explican, con lógica económica, que hay que resolver las grandes distorsiones del mercado energético. Y que debe asumirse el costo de la devaluación. Eso sí: los sueldos no se ajustaron con la devaluación. Al revés, se degradaron por la inflación. Si se combinan los datos sobre precios con la evolución del salario promedio, todo según la información oficial, se advierte que en enero hubo una caída salarial real del 22% respecto de enero de 2023. Y una del 5% en relación con el mes anterior.
El intento de recomposición que han realizado los sindicatos se encuentra ahora frenado en la Secretaría de Trabajo, que no homologa las paritarias cuando superan el 16% de mejora para marzo y el 12% para abril. “Órdenes de ‘Toto’ Caputo”, explican. Los gremialistas provocan: “¿Entonces el único precio intervenido es el salario?”. “Viva la libertad carajo”, se burlaba ayer uno de ellos. Pero ninguno se anima a romper el clima de paz social sobre el que flota la popularidad de Milei.
El tarifazo en ciernes puede encontrarse con el límite de la insatisfacción social: ayer en el peronismo se regodeaban con el video de un usuario misionero que rompió las instalaciones de una distribuidora cuando tuvo que pagar la boleta de la luz. Nunca más adecuado el dariniano sobrenombre de “bombita”. Pero hay otra incógnita. ¿Lograrán los precios energéticos de Milei dar vuelta la doctrina establecida por la Corte Suprema en 2016, cuando en un fallo impuso el gradualismo a las tarifas de Macri? La Corte, basándose sobre todo en el voto de Horacio Rosatti, estableció que los aumentos deberían ser “razonables”. Ese criterio obligó a normalizar las tarifas en tres semestres. Milei pretende lo mismo en tres meses. Se abre un nuevo frente judicial.
La perspectiva del descontento produce movimientos dentro del Gobierno. El jefe de Gabinete Posse resolvió unificar las competencias de Inteligencia de las fuerzas de Seguridad en la sede central de la AFI, bajo el mando de su amigo Silvestre Sívori. Una medida sagaz, que tiende a unificar criterios y, sobre todo, evitar filtraciones. Es obvio: Posse y Sívori están buscando indicadores de tensión social.
Por otra parte, el coreógrafo Santiago Caputo ha organizado algunas operaciones que demuestren que no todo es licuación de los ingresos; que también hay motosierra. El cierre/vallado de Télam, organizado por él con minuciosidad durante el fin de semana pasado, responde a ese desvelo. Una escena similar transcurre en AySA. Ayer se sumaron 100 telegramas de despido a los 100 que se habían emitido el lunes. Esta segunda tanda está compuesta por sumariados y holgazanes. A diferencia de la primera, zafaron muchos feligreses de Malena Galmarini. En este clima, el sindicato anunció un paro para comienzos de la semana que viene. Milei consiguió lo que se creía imposible: que el acomodaticio José Luis Lingeri, el sindicalista-espía, experimente un brote combativo. Prodigios de las fuerzas del cielo.
