Hidrovía: la ruta del comercio exterior devenida en caja política.
A fin de junio se cumplirán tres años desde que el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández dispuso no renovar la concesión por peaje de un servicio clave para el comercio exterior argentino: el dragado y balizamiento de la Hidrovía (río Paraná-Río de la Plata hacia el océano) tras el vencimiento del contrato entre el Estado nacional y el consorcio integrado por la compañía belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
Autor: Néstor O. Scibona LA NACION - 22/04/2024
Desde entonces, esa concesión –uno de los íconos de la era privatizadora de Carlos Menem– fue transferida a la Administración General de Puertos SE (AGP) por un plazo inicial de 12 meses y prorrogada hasta la actualidad, con dos sospechosas particularidades. Una, que la AGP es una sociedad del Estado que solo tiene a su cargo el manejo del puerto de Buenos Aires (que el gobierno de Javier Milei planea transferir a la CABA) y carece de equipos propios de dragado para mantener la profundidad (calado) de la Hidrovía. Otra, que contrató para realizar esa tarea a la misma empresa belga, en tanto que el decreto de 2021 (año de elecciones legislativas) le asignó a la AGP el cobro del peaje por el servicio (con una tarifa de 3,06 dólares por tonelada transportada, “sin perjuicio de eventuales subvenciones estatales”), hasta tanto se adjudicara una nueva licitación pública nacional e internacional, que no se concretó en los dos años subsiguientes.
Para dar una idea de magnitud, el pago del peaje alcanza a más de 5000 grandes buques que transportan anualmente 125 millones de toneladas de carga (exportaciones de granos y subproductos agroindustriales a granel, exportaciones e importaciones de la industria, principalmente siderúrgica y automotriz, en contenedores) y que, en conjunto, representan el 75% del comercio exterior.
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